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Presidente de la CSJ tras absolución de 22 pandilleros: "Si hubo coacciones, las autoridades tendrán que investigarlo"

El magistrado presidente dijo que confía en que los jueces actúan apegados a la ley y recordó que el Ministerio Público también juega su papel.

Rolando Argueta Pérez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto de archivo.
Rolando Argueta Pérez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto de archivo.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia en Honduras (CSJ), Rolando Argueta Pérez, dijo este martes que de haber existido presiones o coacciones para que dos de las juezas que integran el Tribunal de Sentencia absolvieran a 22 pandilleros, el hecho debería investigarse.

No obstante, Argueta Pérez expresó que es posible que el Ministerio Público no haya presentado las pruebas necesarias para convencer a las juezas de la responsabilidad penal de los imputados.

"Si existieran irregularidades por parte de operadores de justicia, quien sea, sean empleados o jueces, o si hubo presiones o coacciones, serán las autoridades de investigación las encargadas de determinarlo", apuntó.

Agregó que "hay que determinar si los elementos probatorios presentados fueron débiles o no se llevaron con la convicción necesaria (...) habría que determinar en detalle sobre la acreditación de esos delitos".

Puntualizó que "nosotros creemos de que los jueces actúan de manera apegada a la ley, tenemos la inspectoría general en el caso en el que se detecten irregularidades y si se comprueban estas son llevadas al campo penal".

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Algunos de los rostros de los pandilleros con absolución en un proceso judicial.

LEA: Juez absuelve a 22 supuestos pandilleros en Honduras

El Ministerio Público informó este martes que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) conoció la determinación de un Tribunal de Sentencia de absolver a 22 integrantes de la estructura criminal mara 18, lo que calificó con "extrañeza".

Los supuestos pandilleros eran acusados por la comisión de los delitos de asesinato, asociación ilícita, ocultamiento de vehículo robado y uso de armas y municiones prohibidas en perjuicio de 27 personas y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente.

En un comunicado de prensa, la institución recalca que "dicho fallo absolutorio se dictó por mayoría y no por unanimidad, es decir que un juez emitió su voto disidente, señalando que a su criterio el Ministerio Público presentó suficiente prueba de cargo para que se decretara una Sentencia Condenatoria".