Tegucigalpa, Honduras.
Los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Medina acudieron esta mañana a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para la audiencia de declaración de imputado, ya que están acusados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) de la falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno.
El juez que lleva el caso decretó medidas sustitutivas; por lo tanto, los parlamentarios deben presentarse a firmar una vez a la semana y no podrán salir del país.
Anterior a la audiencia, Rivera señaló:'Tenemos que demostrar que somos inocentes. Yo firmé decretos porque lo manda la ley.Estoy con la conciencia tranquila y la fe puesta en Dios que se va hacer justicia'.
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Agregó: 'Así como firmé el presupuesto general de ingresos y egresos del 2018, firmé unos 400 decretos aproximadamente en estos cuatro años. Cumplí con la ley. Cuando el presidente del Congreso Nacional no lo hace, lo hago yo como primer vicepresidente de la cámara legislativa'.
'La ley me ordena firmar', finalizó Rivera.
Por su parte, Medina indicó que en el transcurso del proceso van a demostrar que son inocentes, y agregó que 'firmar documentos no es ningún delito.Honduras es el primer país que presenta acusaciones contra diputados por firmar decretos, ésto lo manda la ley orgánica del Congreso Nacional y la Constitución de la República'.
La audiencia inicial queda programada para el miércoles 16 de enero de 2019.
- Acusación -
La Ufecic, en una ampliación a la acusación del caso Pacto de Impunidad, presume responsables de falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno a los congresistas Callejas y Medina.
La acusación busca probar que los requeridos, en concierto de voluntades, aprobaron anómalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una norma que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados en el futuro por similares hechos, señala el documento.
El caso Pacto de Impunidad se originó en diciembre de 2017 cuando la Ufecic presentó requerimiento fiscal en el caso Red de Diputados en contra de cinco excongresistas implicados en el presunto mal manejo de fondos sociales.
Mientras la audiencia inicial estaba en trámite, el Congreso modificó por adición la Ley de Presupuesto, en la que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas.
Una vez aprobada, la enmienda adoptó la forma de decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Rivera y Sara Medina, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria de ese poder del Estado. La autorización se realizó a pesar de contener la reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno, según las investigaciones.
“En seguida, la Secretaría del Congreso emitió una fe de erratas, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de un simple error y no de un presunto acto premeditado”, explica el comunicado.
La fe de erratas sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno, y por eso se originó el requerimiento en contra de los dos parlamentarios nacionalistas.
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