La familia Amador, conocida en la región de Olancho por su actividad ganadera, enfrenta una nueva ola de especulaciones sobre supuestos vínculos con el crimen organizado.
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Según el abogado penalista Marlon Duarte, estos señalamientos recientes carecen de fundamento y responden más a un malentendido.
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El incidente que reavivó sospechas sobre esta familia ocurrió el pasado martes en la iglesia San Francisco de Asís, Catacamas, durante el velorio de Miguel Oseguera Villafranca, un ganadero asesinado por sicarios.
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Este linaje ha sido objeto de controversia desde hace más de 15 años, cuando la Fiscalía investigó a uno de sus miembros por posesión ilegal de armas, aunque finalmente se acreditó la procedencia lícita de las mismas.
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En las afueras del templo, un grupo de civiles armados, entre ellos Lester Amador, entregó voluntariamente sus armas a la Policía Nacional junto con los permisos correspondientes.
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Sin embargo, el comisario Cristian Nolasco realizó un disparo al suelo como advertencia, lo que desató el caos entre los asistentes al acto religioso.
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Adentro de la iglesia, los familiares de Oseguera vivieron momentos de pánico. Iris Orellana, sobrina del fallecido, relató que muchas personas buscaron refugio debajo del ataúd por temor a que se desatara un enfrentamiento armado
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“No pudieron terminar la misa por el miedo”, expresó Orellana, quien acusó a Nolasco de actuar de manera irrespetuosa y de intimidar a la familia al filmarlos constantemente durante el evento.
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El abogado Duarte aseguró que los hombres armados presentes en el velorio eran ganaderos locales que acudieron a despedir a su colega asesinado y negó cualquier intención de violencia.
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“No se trata de una estructura criminal, sino de un malentendido. Cada persona tenía su permiso de portación de armas, y estas fueron entregadas de manera voluntaria”, afirmó.
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La Policía Nacional, por su parte, sostiene que el operativo buscaba garantizar la seguridad en un contexto de alto riesgo y calificó el decomiso de armas como una medida preventiva.
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Sin embargo, las acciones del comisario Nolasco, incluida la detonación de un disparo al aire, han sido ampliamente cuestionadas, tanto por la familia como por la comunidad.
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En cuanto a las afirmaciones de que un grupo criminal habría ofrecido un millón de lempiras por la vida del oficial Nolasco, Duarte descartó esa posibilidad, sugiriendo que los verdaderos responsables del asesinato de Miguel Oseguera podrían estar intentando desviar la atención de las investigaciones.
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“No hay ninguna intención de represalias contra la Policía Nacional. Las acusaciones buscan confundir y desviar el enfoque de quienes realmente cometieron el crimen”, aseveró.
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El caso pone en el centro del debate las tensiones entre las autoridades y las comunidades locales en una región marcada por la violencia y la posesión de armas.
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Mientras la familia de Miguel Oseguera exige justicia por su asesinato, el altercado en su velorio ha levantado preguntas sobre el manejo de las fuerzas de seguridad en momentos de alta sensibilidad emocional.