Detienen a seis personas por organizar matrimonios falsos para obtener residencia en EE UU
La Fiscalía de Estados Unidos acusó a seis personas de presuntamente organizar matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y migrantes para facilitar la residencia en Massachusetts
- Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 14:30 -
La Fiscalía federal de Estados Unidos presentó cargos contra seis personas señaladas de participar en una presunta red de fraude matrimonial que habría operado durante aproximadamente 12 años en Massachusetts y generado ganancias superiores a los seis millones de dólares.
Entre las acusadas figura Jennifer González, de 43 años, residente de Fall River, a quien las autoridades identifican como la presunta organizadora de una estructura dedicada a gestionar matrimonios fraudulentos con fines migratorios.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría coordinado uniones entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros sin estatus migratorio legal. El objetivo habría sido facilitar el acceso a beneficios migratorios, entre ellos la residencia permanente.
Las autoridades informaron que cinco de los seis sospechosos fueron detenidos durante la mañana del miércoles 21 de octubre. Estaba previsto que comparecieran ante un tribunal federal ese mismo día para conocer los cargos presentados en su contra.
El sexto implicado permanece en una prisión estatal, donde cumple una condena por un delito relacionado con armas de fuego, según la información divulgada por la Fiscalía.
Además de González, la acusación incluye a Erica Daniels, Cherice Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jayln Hill. Los seis acusados residen en el condado de Bristol y son investigados por su presunta participación en las actividades de la organización.
Entre las pruebas recopiladas por los investigadores figuran conversaciones grabadas en las que González supuestamente describía el alcance del negocio. Según la acusación, habría afirmado que el grupo consiguió cientos de tarjetas de residencia y cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada cliente.
Las grabaciones también indicarían que la organización gestionaba entre 18 y 20 matrimonios al año, una actividad que presuntamente le permitió acumular importantes ingresos durante más de una década.
Según vecinos, la vivienda ubicada en la calle Warren, en Fall River, ingresaban y salían numerosas personas, un movimiento frecuente que llamó la atención de los residentes, aunque desconocían su presunta relación con actividades ilícitas.
Otra residente, identificada como Erika Sanders, manifestó que consideraba que González tenía el control de lo que ocurría en la propiedad. Pese a ello, expresó su deseo de que la acusada recibiera clemencia durante el proceso judicial.
La Fiscalía atribuye a González varios cargos, entre ellos conspiración para albergar a extranjeros indocumentados, alojamiento de personas sin estatus migratorio legal, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial.
La fiscal federal Leah Foley cuestionó el supuesto uso de los matrimonios como un mecanismo lucrativo para obtener beneficios migratorios al margen de la ley.
Foley también indicó que las ganancias presuntamente obtenidas por González habrían sido utilizadas para adquirir negocios y propiedades inmobiliarias en República Dominicana. La funcionaria afirmó que el caso representa una preocupación para quienes cumplen con los procedimientos migratorios establecidos.
La investigación se desarrolla en un contexto de mayor vigilancia federal sobre los delitos migratorios. En agosto, otras 11 personas fueron acusadas de participar en una presunta operación que habría facilitado de manera fraudulenta la residencia permanente a ciudadanos chinos mediante matrimonios con estadounidenses, a cambio de pagos que podían alcanzar los 30,000 dólares.
Massachusetts también registró anteriormente un caso similar. Marcialito Biol Benítez, ciudadano filipino de 49 años residente en Los Ángeles, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude de documentos migratorios, según Telemundo.
En el caso de González y los otros cinco acusados, las imputaciones deberán ser examinadas en los tribunales.
