Conductores de transporte urbano realizan un paro de unidades cerca del palacio presidencial para exigir a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ponga fin a la extorsión de las ‘maras’ (pandillas) locales, en Tegucigalpa.
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La extorsión se volvió en Honduras una industria muy violenta que recoge anualmente alrededor de 737 millones de dólares, unos 18,270 millones de lempiras.
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Cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de 3,568 dólares, que en moneda nacional serían 87,427 lempiras.
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En Tegucigalpa hay al menos diez rutas de transporte que están paralizadas ante amenaza por extorsión.
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Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), cerca de 500 personas ligadas al servicio del transporte público han muerto en forma violenta en los últimos tres años en Honduras.