¿Qué sigue después de enviar a la cárcel a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo?

Un juzgado hondureño declaró el jueves “culpable” de los delitos de fraude y apropiación indebida de fondos públicos a Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en la repetición de un juicio en el que había sido condenada a 58 años de cárcel.

Bonilla y el entonces administrador del despacho de la Primera Dama, Saúl Escobar, fueron declarados culpables “como coautores de fraude continuado (...) y Bonilla también fue encontrada culpable como autora de apropiación indebida continuada”, dijo el Poder Judicial en un comunicado.

El 28 de marzo se conocerá la pena para Bonilla y a Escobar.

La jueza del caso dijo que la esposa del entonces presidente Porfirio Lobo transfirió en enero del 2014 fondos públicos estimados en cerca de 500.000 dólares del Despacho de la Primera Dama a cuentas personales, que destinó a compras de muebles, joyas, medicamentos y pagó tarjetas de crédito.

En diciembre del 2020 un tribunal había condenado a Bonilla a 58 años de prisión pero la sentencia fue anulada en un recurso de apelación por errores de “procedimiento” y ordenó repetirlo.

Después de primera sentencia, el juzgado envió a la imputada a “cárcel domiciliaria”, pero en la nueva sentencia de repetición del juicio le ordenó “prisión preventiva” en una cárcel de mujeres en Támara, al norte de Tegucigalpa.

El hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo -del derechista Partido Nacional-, Fabio Lobo, fue condenado a 24 años de cárcel en Nueva York en 2017 por ayudar a traficar 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La ex primera dama Rosa Elena Bonilla asiste a un juicio hoy, en la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa (Honduras).

Según el tribunal, los acusados firmaron contratos con ocho supuestos proveedores de zapatos, a los que entregaron “cheques que suman más de 6 millones de lempiras (246.550 dólares) por la entrega de material que nunca fue presentado o entregado a los beneficiarios”.

Entre 2010 y 2014, Bonilla y Escobar iniciaron un proyecto denominado “Calzando y uniformando la niñez hondureña” a través del cual se hicieron “falsas contrataciones con el objetivo de desviar los fondos que eran destinados” para esta iniciativa, señaló el Supremo.