La cantante Shakira y la fiscalía de Barcelona llevaban semanas negociando un posible acuerdo para evitar que la intérprete tuviera que ir a juicio por las acusaciones de fraude fiscal que pesan sobre ella desde hace años.
Sin embargo, y como ha podido confirmar la agencia estatal Efe, el equipo de la estrella de la música ha rechazado la última oferta que le ha presentado el ministerio público, que habría supuesto una rebaja de su condena pero, asimismo, la admisión de culpa por parte de la artista.
Sus representantes han emitido un comunicado en el que han vuelto a defender la inocencia de la diva, así como su plena confianza en que el sistema judicial respaldará su versión de los hechos.
Shakira y sus abogados siempre han sostenido que ella actuó conforme a la legalidad, explicando que los impuestos que no pagó en España durante los años 2012, 2013 y 2014 fueron abonados en aquellos países a los que correspondían sus tributos.
Sin embargo, tanto el juez instructor de su caso como la Audiencia Provincial de Barcelona dictaron que existían “indicios más que suficientes” para enjuiciar a la artista, quien ciertamente vivía en Barcelona durante esos años, junto a su ya expareja Gerard Piqué y los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha.
La resolución presentada por el último de los órganos mencionados determinó que Shakira tenía la “obligación legal” de tributar en España al margen de que su carrera profesional se desarrollara parcialmente en otros muchos lugares del mundo.
Finalmente, la colombiana pagó a la Agencia Tributaria los más de 14 millones de euros que debía, así como elevados intereses, a fin de librarse de sus problemas legales.
No obstante, el entramado de sociedades que habría creado para desviar fondos podría ser constitutivo de delito, siempre que así lo certifique el tribunal que se encargará de juzgarla ahora.
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Origen
El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que residía en Barcelona junto a su marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.
El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años.
La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.
Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.
