Honduras vive una de sus elecciones más reñidas de la historia. 515 votos separan al primero y segundo lugar a nivel presidencial con el 55.87% de las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Es entonces cuando, al acercarse a un escenario de empate técnico, surge la interrogante sobre qué significa esto y cuál sería la consecuencia.
La normativa electoral hondureña prevé rutas específicas para resolver escenarios excepcionales durante una contienda electoral, como el empate numérico en resultados o las impugnaciones formales a un escrutinio.
El marco legal, en vigor desde 2021, define los tiempos, alcances y facultades del órgano electoral para ejecutar recuentos, anular actas o convocar a un nuevo proceso cuando no es posible determinar un ganador bajo las condiciones ordinarias del conteo.
Empate técnico
Otro elemento que suele aparecer en el debate público es el llamado “empate técnico” en encuestas. Este concepto no equivale a un empate legal, sino a un resultado estadístico en mediciones de opinión donde la diferencia porcentual es menor o igual al margen de error muestral del sondeo, lo que impide declarar una ventaja numéricamente concluyente en la etapa previa a la votación.
En este caso, la proyección no tiene efectos jurídicos, y el desenlace definitivo depende enteramente del escrutinio oficial que realiza el Consejo Nacional Electoral en sus fases de cómputo provisorio y final.
Reñido
Nasry Asfura suma749,022 votos (40.00%) frente a 748,507 (39,09 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, una diferencia de apenas 0,1 puntos porcentuales que mantiene la contienda abierta.
Más de seis millones de hondureños estaban convocados a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
El vencedor de los comicios sucederá el 27 de enero de 2026 a Xiomara Castro, líder del partido Libre, cuyo coordinador generales es su esposo y principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 por promover reformas constitucionales que le ley le impedía.