Ante la crítica situación de las finanzas públicas, el sector privado nacional se declara en favor de una reforma, no sólo del sistema tributario, sino también de la política de gasto del Gobierno y de las condiciones que favorecen la inversión y estimulan la actividad económica.
El enorme déficit fiscal con el que el país cerró 2009, calculado en alrededor de diez mil millones de lempiras, el incremento de las obligaciones del Estado a través de bonos de deuda, que ya suman casi 23,000 millones, la gran carga financiera que ejercen los estatutos profesionanales, el corte de la ayuda y los créditos internacionales debido a la crisis política y la mala utilización de caudales públicos atribuida a la administración de Manuel Zelaya, tienen a las nuevas autoridades financieras dando el grito de alarma para mantener a flote el barco llamado Honduras en el cual todos viajamos.
Apreciaciones
Los representantes del sector empresarial, conscientes de la necesidad que en este momento tiene el país, pero también con el deseo de que las soluciones no se busquen en el lugar equivocado, compartieron con LA PRENSA sus apreciaciones sobre esta delicada situación.
Para el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ministro saliente de Industria y Comercio, Benjamín Bográn, la solución es muy clara: ampliar la base tributaria.
“Lo que tradicionalmente se ha hecho en el pasado es que a aquellos que ya tributan se les imponen más tributos; siendo así, es importante ampliar la base tributaria para que todos los hondureños que tenemos obligaciones tributarias las cumplamos”, dijo Bográn.
La primera reacción es que evidentemente el nuevo Gobierno tiene la necesidad de ejercer un control más estricto y austero en la forma en la que efectúa sus gastos. “Lo primero que hay que hacer es reducir los gastos, eso es obvio. El Gobierno ha estado gastando mucho” observa el empresario Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi.
Una de las críticas que con frecuencia se hacían a la administración Zelaya era que durante ese tiempo la masa salarial creció en forma exponencial, particularmente la parte correspondiente a los salarios de los gremios profesionales, cuyos salarios acaparan una enorme tajada de los ingresos del Estados, así como de sus presupuestos.
Recomendaciones
Ante esta situación, el sector privado realiza algunas recomendaciones que de ser tomadas en cuenta podrían contribuir a subsanar la sequía de fondos en las arcas públicas.
Bográn señala que desde que se aprobaron los estatutos profesionales y otros tipos de conquistas, “se hicieron en previsiones de que el país iba a tener tasas de crecimiento de alrededor del 7% anual sin considerar que eran simplemente proyecciones y que la implicación del gasto es fijo, y ahora habrá que reconsiderar todas estas situaciones a la vista de que con la crisis económica mundial la economía del país, en lugar de crecer, bajó”.
El empresario Jesús Canahuati sugiere que “hay que hablar con la comunidad internacional para que de forma inmediata se puedan conseguir los fondos necesarios para orientarlos a infraestructura para generar empleo a través de la inversión pública y hacerlo en forma activa para poder contratar al mayor número de personas, ya que el desempleo es uno de los principales problemas que tenemos en el país”.
Canahuati apunta que los recursos del Estado deben dirigirse con la mayor eficacia hacia las tres áreas más sensibles de las que depende gran parte del bienestar de la población: educación, salud y seguridad.
En resumen, la clase empresarial llama a no repetir los errores del pasado reciente y a aprovechar esta oportunidad para sanear de una vez por todas la administración pública.