Varios operadores de las denominadas “duty free” (tiendas libres del pago de impuestos) se presentaron ayer ante las autoridades de la Secretaría de Finanzas y la Corte Suprema de Justicia con el fin de pedir que se reabran los negocios.
La decisión del cierre de las tiendas, que funcionan en las fronteras terrestres y en algunos centros comerciales del país, se tomó hace un año cuando la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, decidió la suspensión de los servicios aduaneros a esos negocios, lo que significó la retirada de los agentes aduaneros dispuestos en esos lugares.
De acuerdo con una investigación, las tiendas estarían incurriendo en delitos como el comercio ilegal de licor y cigarrillos importados, lo que le habría generado numerosas pérdidas al fisco.
Conforme al titular de la DEI, José Oswaldo Guillén, las empresas habrían evadido cifras superiores a los 2,000 millones de lempiras en los últimos cinco años. El funcionario agregó que en los próximos días se conocerá el monto exacto de los reparos que se practicará a cada operador de tienda libre.
Reclamos
Esas acciones administrativas generaron que los operadores presentaran una queja formal ante las autoridades para reclamar la reapertura de sus negocios por considerar que la DEI violentó algunos preceptos legales.
“Las peticiones que los operadores de tiendas libres han presentado han sido analizadas; aún están pendientes de resolver, pero en cualquier momento tomaremos una decisión”, dijo una fuente de la Secretaría de Finanzas, quien pidió mantener en reserva su nombre.
Agregó que “los tienderos han arreciado las presiones para que autoricemos la reapertura de estos negocios y nuestra respuesta ha sido que lo que se resuelva estará apegado a las leyes competentes”.
Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió a mediados de junio del año pasado dejar vigente la resolución de la DEI, o sea inhabilitar la operación de los duty free. La decisión determinó además la suspensión de los cargos de 37 delegados fiscales.
