San Pedro Sula. El desarrollo de las alianzas público-privadas no tiene una política definida, por lo que representa un gran riesgo para el Gobierno garantizar los ingresos a los concesionarios por cada proyecto en que deseen invertir en Honduras, advierte el Colegio Hondureño de Economistas (CHE) capítulo noroccidental.
Rafael Delgado, presidente del CHE, advierte que el Gobierno corre altos riesgos al asegurar, mediante el contrato de concesión del Corredor Logístico, la garantía de los ingresos a las concesionarias en caso que en determinado año no se recauden los montos anuales previstos por el uso del peaje.
“En el contrato está contemplado que el Gobierno será el garante del negocio. Eso no es economía de mercado y tampoco una alianza público típica”, señala.
Delgado se refiere, específicamente, a lo establecido en el capítulo 10 de dicho contrato, que en el apartado Régimen Económico - Financiero reza: “El Concedente (el Estado de Honduras) se compromete a asegurar al Concesionario un nivel de ingresos mínimos anuales por peaje, y durante el período que resulte menor entre quince (15) años o el plazo correspondiente al repago de la deuda, contados, en ambos casos, desde la fecha de aceptación de la totalidad de las obras a cargo del Concesionario”.
Sumado a lo anterior, Delgado refiere que el Gobierno tendrá que asumir también los riesgos por establecimientos de otros negocios en algunos tramos de las carreteras, cuyos ingresos previstos ascienden a unos $370 millones durante ocho años.
“Tienen derecho a establecer negocios, pero el Estado no debe asumir la responsabilidad de cubrir los ingresos de las concesionarias”, menciona Delgado.
Otra de las exigencias del CHE es que se transparenten los procesos de licitación.
Raúl Reina, analista económico, apunta que solo por los corredores Turístico y Logístico el Estado ha garantizado a los ganadores del contrato unos $1,100 millones en ingresos.
“En términos económicos eso se conoce como una desinversión”, precisó Reina.
Dentro del mismo capítulo 10 del contrato de concesión, en el apartado 10.3, inciso c, se indica que “en caso que la recaudación anual por peaje sea menor al IMAG (Ingreso Mínimo Anual Garantizado) correspondiente para dicho año, el Concedente deberá realizar todas las acciones necesarias a fin que el monto dado por la diferencia entre el IMAG y la recaudación anual del peaje sea previsto en el Presupuesto General de la República para el siguiente ejercicio presupuestable”.
En palabras sencillas, si los concesionarios no obtienen ganancias por los $1,100 millones estimados, el Estado deberá asumir el diferencial entre lo recaudado y lo proyectado con dinero proveniente del Presupuesto de la Nación.
Reina considera que es un error comprometer el presupuesto nacional, ya que “ya es deficitario” para cubrir los recursos mencionados.
Los economistas indican que lo único que debería garantizar el Estado son los montos de inversión en los proyectos, que para el Corredor Logístico asciende a unos $90.5 millones y alrededor de $150 millones para el Corredor Turístico.
“Nunca se reducirá el tráfico”
Consultado sobre la advertencia del CHE, José Antonio Pineda, presidente de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza), indica que todos los contratos de ese tipo, a nivel mundial, llevan claúsulas de tráfico garantizado.
Pineda aclara que son los bancos los que exigen esas claúsulas para financiar los proyectos, por lo que deben tener una garantía de ingresos.
“Si el tráfico baja más de un 20%, entonces ya el concesionario no tiene capacidad de pagarle al banco; en ese caso el Estado cubriría la diferencia entre el mínimo de tráfico garantizado y el tráfico real”, explica.
“Quiere decir que el tráfico tendría que bajar entre un año y otro un 20% para que se active esa cláusula y eso no ha sucedido, ni nunca va a suceder”, añade Pineda.
El funcionario recuerda que en Honduras el tráfico vehicular solo ha reducido en dos ocasiones: luego del Huracán Mitch y durante la crisis política de 2009.
Empresarios están en contra
Por su parte, Luis Larach, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifiesta que una empresa que participa en una alianza público-privada necesita una garantía de retorno.
Sin embargo, tampoco considera apropiado que el Gobierno se haga responsable de cubrir esos ingresos a las concesionarias.
“Ni como inversionista estaría de acuerdo, de dónde va a sacar esos recursos” el Estado, concluye.
