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Honduras lidera armamentismo en Centroamérica

La revitalización de las Fuerzas Armadas y su creciente participación en actividades civiles implica riesgos para el ejercicio democrático del poder en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.

Las Fuerzas Armadas se revitalizan y aumentan su participación en actividades civiles, que aunado a la crónica debilidad de los sistemas de administración de justicia y la detección de graves casos de corrupción en varios países, es una realidad que plantea una serie de riesgos para el ejercicio democrático del poder en el istmo.

El Quinto Informe Estado de la Región señala que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada ha servido como justificación para una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la región en aras de mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Esta militarización ha ocurrido a raíz de la llamada guerra contra las drogas, impulsada por Estados Unidos.

Los datos asociados al tráfico de sustancias ilícitas son alarmantes: por Guatemala transita cerca del 80% de la droga que pasa por el corredor Centroamérica-México; en El Salvador las pandillas locales brindan protección a los narcotraficantes; Honduras sirve como punto de aterrizaje para el 79% de los vuelos que transportan estupefacientes desde América del Sur.

No obstante, “el aumento en el tamaño y el equipamiento de los ejércitos puede afectar la vigencia y tutela efectiva de los derechos humanos, si paralelamente no se fortalecen las instituciones del Estado de derecho”, señalan los autores del informe.

Más ejércitos

Los datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) muestran un notable crecimiento del personal militar en todos los países del istmo, con excepción de Costa Rica y Panamá que no tienen ejército.

Hay que hacer notas que la fuerza policial en Panamá y Costa Rica es considerable 23,000 y 14,000 elementos respectivamente.

En relación al número de efectivos militares, Centroamérica cuenta con un ejército conjunto de más de 73,000 miembros con un crecimiento del 50% en países como Guatemala y El Salvador.

Guatemala incrementó su milicia en más de un 57% en seis años, al pasar de 14,193 efectivos en 2008 a 22,326 en 2014.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador aumentaron en un 50% y en el 2014 contaban con 24,799 miembros, el contingente más numeroso de la región.

El ejército de Nicaragua es el más pequeño, con 10,358 efectivos.

Honduras registraba 7,200 militares en 2014, pero su número ha ido en aumento.

“En 2014, a nivel regional, 73,033 personas trabajaban en las Fuerzas Armadas”, asegura el informe.

Presupuesto al alza

De igual manera, el aumento en la cantidad de efectivos implicó un crecimiento generalizado en el gasto militar entre 2004 y 2013.

El presupuesto que más se expandió fue el de Honduras (149.1%), seguido por el de Nicaragua (80.1%).

En este rubro, El Salvador tiene el gasto total más alto de la región, superior a 250 millones de dólares en los últimos años.

Al analizar el gasto militar por persona, señala Alberto Mora Román, coordinador del Quinto Informe Estado de la Región, es evidente que en todos los países hubo aumentos.

También en este caso el mayor incremento se dio en Honduras, donde pasó de 9 a 30.7 dólares; en El Salvador se elevó de 26.8 a 41 dólares, Guatemala y Nicaragua alcanzaron niveles de 16.6 y 13.4 dólares, respectivamente.

Cabe destacar que, en el 2013, el gasto militar por persona de El Salvador representó un 37.1% y un 27.0% de la inversión per cápita en educación y salud.

Además, en Honduras, Nicaragua y Guatemala el gasto militar por persona fue mayor al presupuesto por habitante dedicado en el 2015 al financiamiento del Poder Judicial, entre 10 y 15 dólares, mientras que en El Salvador el monto destinado a ambos rubros fue el mismo (41 dólares).

Panamá y Costa Rica no tienen ejército, pero el gasto presupuestario en su policía llegó, en 2014, a 1,198 millones de dólares y 963 millones respectivamente.

Compra de armas

La asistencia militar y la compra de armas a Estados Unidos se ha incrementado considerablemente en la región.

Para hacer frente a la lucha contra las drogas, la colaboración militar y policial de Estados Unidos hacia las naciones centroamericanas ascendió a 768 millones de dólares entre 2004 y 2014, con importantes variaciones por año y país.

La información es de la base de datos de gasto militar del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (Sipri, por su sigla en inglés).

Aunado a lo anterior, la venta de armas y equipos de Estados Unidos a Centroamérica ascendió a 2,015 millones de dólares en el período 2004-2014.

Sobresalen las cuantiosas compras de Honduras: “1.518,6 millones de dólares, el 75.3% del total regional”.

El 2011 fue el de mayores compras por Honduras con 1,391 millones de dólares.

Costa Rica figura como el segundo comprador, con 142.6 millones de dólares, mientras que Nicaragua registra los valores más bajos en este rubro.

En los últimos dos años se registran compras nuevas en la región, pero no están incluidas en el informe.

$!Foto: La Prensa

Criminalidad asimétrica

El crimen y la educación son dos de los principales problemas en Centroamérica.

El Quinto Informe Estado de la Región señala que la tasa de homicidios esconde grandes asimetrías a lo interno de los países, por lo que el análisis de las diferencias subnacionales contribuye a entender mejor el fenómeno.

Por ejemplo, en Guatemala se observan dos zonas, una violenta al oriente, norte y sur, con tasas cercanas a 60 homicidios por 100,000 habitantes y otra más pacífica en el altiplano occidental, habitada mayoritariamente por población indígena, con tasas de entre 15 y 9%, condición similar a los países menos violentos de la región.

Asimismo, en El Salvador todos los departamentos se consideran violentos pero, comparativamente, Cuscatlán, La Paz y Cabañas lo son aun más. Honduras también presenta altas tasas de homicidios en su territorio, sobre todo en Cortés y Atlántida, donde superan los 100 casos por 100,000 habitantes.

En Nicaragua casi todos los departamentos son pacíficos, pues tienen tasas de un solo dígito.

Costa Rica es una nación pacífica en todas sus provincias, excepto en Limón, donde la tasa está por encima de 20 homicidios por 100,000 habitantes y en menor medida en San José, donde la tasa apenas sobrepasa los 10 homicidios.

Panamá, al igual que Guatemala, muestra grandes contrastes entre zonas: Colón, Panamá y Darién son los departamentos más violentos, mientras que en las comarcas indígenas la tasa es nula.

E Informe destaca que, además de los homicidios, es relevante conocer las percepciones de las personas sobre la seguridad ciudadana y la victimización, para ello se utiliza información de las encuestas de Lapop.

El primer hallazgo es que, en 2014, la victimización en Centroamérica alcanzó al 15% de la población, con diferencias entre zonas urbanas (18%) y rurales (11%).

Según los datos disponibles, a nivel regional, un 39% de las personas que fueron víctimas de algún delito manifestó que la delincuencia, la inseguridad, la violencia, las pandillas o el narcotráfico son los problemas más graves que enfrentan los países.

La victimización también podría explicar la permisividad de políticas de “mano dura”, toda vez que un 44% de las víctimas toleraría que en ocasiones las autoridades actuaran al margen de la ley, porcentaje que baja a 33% entre las personas no victimizadas.

Un 35% de la población urbana y un 24% de la rural han limitado sus lugares de compra por temor y lo mismo ha sucedido con los centros de recreación (34% en áreas urbanas y 21% en las rurales).

Un 15% de los residentes urbanos ha sentido la necesidad de cambiarse de barrio o colonia a causa de la delincuencia, porcentaje que baja a 8 en las zonas rurales.

Por la misma razón ha tenido que cambiar de trabajo un 5% de la población, tanto la urbana como la rural.

Entre las personas entrevistadas en la citada encuesta, a nivel regional existe un amplio consenso sobre la conveniencia de enfrentar este problema con programas de prevención (el 93% está muy o algo de acuerdo).

El 87% concuerda en la necesidad de aplicar leyes más severas, mientras que solo el 55% cree que la respuesta es contratar seguridad privada.