El próximo 2 de diciembre, la ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, solicitará al Congreso Nacional que otorgue un poder a una firma legal para demandar al Banco Centroamericano de Integración Económica, Bcie.
El Estado de Honduras incoará un proceso contra el denominado “brazo financiero de la región” por frenar los desembolsos y créditos suscritos entre ambas entidades desde antes del 28 de junio pasado.
Núñez informó que sustentarán esta acción debido a los daños económicos en contra del empleo, por la agudización de la pobreza y por generar un rezago institucional, entre otras causales.
Hasta el momento, el Gobierno guarda silencio respecto a la instancia judicial en donde se entablará la demanda, la cuantía, que en principio será millonaria y, sobre todo, la firma de abogados a la cual el Congreso Nacional le delegará el poder de representación.
La ministra de Finanzas indicó que los estatutos del Bcie permiten incoar acciones judiciales en el país sede o en cualquier país miembro.
“El Congreso Nacional decidirá cuál será el país en donde se demandará al Bcie”, amplió la funcionaria.
Dejó entrever que en los últimos 155 días se han documentado los hechos y se determinó el monto de los daños económicos y sociales en contra del Estado de Honduras.
