Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y otros líderes de esa gremial mostraron su preocupación por el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria que impulsa el gobierno como una medida “populista”.
Yibrín, quien presidió ayer la asamblea general ordinaria de 2023 del Cohep, dijo que “el impacto de esta reforma en la economía será devastador y no hay ninguna evidencia que indique que los beneficios superarán los daños”.
“Detrás de esta pantomima populista lo único que hay es la aceptación del gobierno de que es incapaz de aplicar sus propias leyes. Es también la negación de su complicidad en acompañar los abusos de aquella minoría a la que me rehúso categóricamente a llamarles empresarios”, dijo Yibrín.
El dirigente empresarial ya se había referido a la normativa impulsada por la actual administración pública, pero no había sido tan enfático en señalar los desaciertos.
A través de sus redes sociales subrayó que la Ley de Justicia Tributaria implica un ataque directo tanto al empleo como a la inversión en el territorio hondureño.
Durante su discurso, Yibrín tildó como malintencionada al igual que dañina el conjunto de enmiendas en materia tributaria planteadas en las que “priman el odio y la discriminación”.
Desde la derogación de artículos y decretos contentivos de leyes vigentes que otorgan incentivos en diversos sectores productivos, la eliminación de beneficios, regímenes especiales en materia fiscal, incluso entidades son parte de los alcances del referido instrumento jurídico.
El articulado también ordena la liquidación total de la Superintendencia de Alianzas Público Privada (SAPP) y del Consejo Nacional de Inversiones (CNI).
Acciones
Es nuestra responsabilidad por Honduras, no por ninguna empresa en particular, por Honduras detener esta ley antes de que sea demasiado tarde”, enfatizó Yibrín.
Agregó que “mientras nuestro gobierno debería tomar las lecciones de nuestros vecinos en abrir sus economías a la inversión, nosotros también tenemos que tomar la lección de otro vecino, Nicaragua, donde una dictadura totalitaria ha despedazado el tejido empresarial y social, amenazaron y cumplieron; no desperdiciemos esa lección”.
Fenagh
Con la supresión de la Ley de Fomento Agropecuario, así como del artículo 2 del decreto 119-2016 contentivo de beneficios fiscales para el sector agroindustrial, la presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo, explicó que “la derogación de este artículo donde se quitan todas las exoneraciones, exenciones de materias primas, de maquinaria agrícola, de sistemas de riego, de implementos que se utilizan en el agro, todo esto no es solo para los grandes productores, es para los medianos y pequeños que se le van a incrementar sus costos de producción y al final se va a ver reflejado en incrementos en los productos de la canasta básica”.
41 Artículos contiene el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria que impulsa el Gobierno desde el SAR y la Sefin.
11 Son los regímenes de exoneraciones y beneficios fiscales, entre ellos el Zoli, RIT, los que serán derogados por el Gobierno, afectando miles de empleos.
“De repente puede ser que algunas unidades productivas no sean capaces de salir adelante, puedan cerrar y eso pues viene en detrimento de la generación de empleo para muchas familias en el campo y de generar riqueza para las familias hondureñas”, consideró.
Por su parte, el expresidente del Cohep Santiago Ruiz alertó que con los planteamientos de la referida ley se pagaría un 15% de tributo por un tractor, disuadiendo a no efectuar la compra ni buscar la modernización por los productores.
El efecto “positivo” de la iniciativa gubernamental de captar más impuestos no lo logrará, sino que tornará a Honduras como un país hostil y no atractivo a la inversión extranjera y local, reiteró.
El expresidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahpee) Salomón Ordóñez estimó que 300 millones de dólares -equivalentes a un promedio de 150 megavatios anuales- podrían dejarse de invertir en la nación en caso de que desaparezcan los incentivos adecuados para este rubro.
El extitular de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) Óscar Calona afirmó que “gravar ya los servicios de construcción, donde ya están incluidos los materiales, la mano de obra y los servicios generales sería incrementar los costos de nuestra industria”.
Destacó que si se impone un impuesto del 15% por una casa cuyo costo final es de un millón de lempiras al final se terminaría pagando un millón 50,000 lempiras, situación que encarecería más la adquisición de una vivienda.
