En lo que va del año se registran 45 muertes violentas de mujeres, un promedio de una por día.
“Esta violencia no puede ser tolerada, el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger a las mujeres, erradicar y sancionar la violencia”, dijo Grissel Amaya, fiscal especial de la Mujer.
“Urge una política de prevención, es inmediato, tiene que ser una política de urgencia nacional y de interés social”, añadió. La política debe incluir una coordinación y planes de seguridad en municipios. Pidió que haya una efectividad en la DNIC en resolver los casos. Existen dificultades de coordinación entre la DNIC y la Fiscalía.
“Esto conlleva a que los casos se vayan acumulando sin resolver porque no tenemos el acompañamiento de la DNIC, son quienes tienen que llevar los casos a la Fiscalía para procesar ante los tribunales a los perpetradores de estos hechos”, dijo. De los 45 asesinatos, sólo se ha judicializado un caso.
