Mediante denuncia en la DPI y con un video como evidencia, empleados del Ministerio Público que se encuentran en huelga desde el mes anterior denuncian represalias en su contra.
De acuerdo a la denuncia, el viernes 17 de marzo cuando intentaron llevarle comida a la abogada y fiscal Santa Cárcamo, no permitieron el ingreso a sus compañeras aduciendo que había un listado de las únicas personas que pueden ingresar al Centro Integrado (Cein).
“En ese momento se me impidió el ingreso al establecimiento aduciendo los cuatro policías que por orden de su superior el subcomisionado Zelaya y la coordinadora de fiscales Reina Valeria”, relata la denuncia.
“Solo puede ingresar el personal que se encuentra en el listado proporcionado por la abogada Liliana Matamoros, jefe de fiscales de delitos comunes y el abogado Héctor López, quienes dieron instrucciones de no permitir la entrada al personal del Ministerio Público, negando así el derecho a dejar el almuerzo a la compañera, incitando”, agrega la denuncia.
En el escrito se detalla que también “se tomaron fotografías” e incluso se detalla que al momento de interponer la renuncia “el fiscal de turno no quería autorizarla”. “Las instalaciones de la Cein son públicas y nosotros formamos parte como parte de nuestros deberes y es una total violación a nuestro derecho conocido por la Constitución de la República y tratados internacionales”, añade.
La problemática en el MP. Desde mediados de febrero empleados del Ministerio Público reclaman un ajuste salarial que vaya acorde con el costo de vida actual en Honduras.
Como una medida de presión una gran cantidad de burócratas del MP dejaron de laborar y estuvieron en una protesta de brazos caídos hasta ser escuchados. Durante esta semana los forenses han dejado de hacer los levantamientos cadavéricos.
Por lo anterior, la Sala de lo Penal del Supremo hondureño indicó en un comunicado que ha instruido a los jueces de paz con competencia en materia penal para que procedan de “forma inmediata” a realizar las coordinaciones pertinentes con las secretarías de Seguridad y Salud para efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres mientras continúe el paro de funcionarios del Ministerio Público.
Según el artículo 59 del Código Procesal Penal de Honduras, citado por el Supremo, una de las competencias exclusivas de los jueces de paz es “efectuar el levantamiento e identificación de cadáveres en ausencia del fiscal”.
El Poder Judicial a través de “la presencia y facultades de los jueces de paz, hará las coordinaciones y acciones necesarias con las demás instituciones del Estado vinculadas para que estos servicios esenciales se continúen prestando de la mejor manera”, añadió el comunicado.
