La Policía puede seguir creciendo, pero si el Estado, la sociedad y la familia no hacen el esfuerzo por orientar a los jóvenes, Honduras no va a recuperarse; si no trabajamos en prevención, jamás alcanzarán ni los agentes ni las cárceles. La reflexión la hizo el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, que llegó acompañado por la cúpula policial a LA PRENSA para hablar de la ola de violencia que a todo nivel ha levantado el crimen organizado.
Álvarez reconoció las debilidades de la Policía Nacional, pero señaló que la familia es un elemento clave para que los jóvenes no se conviertan en infractores y víctimas, pues los padres desconocen lo que hacen sus hijos.
El secretario de Seguridad atacó las deficiencias para aplicar el Código Procesal Penal y el acoso de las organizaciones de Derechos Humanos contra toda la Policía. Reiteró que siguen firmes en la lucha contra la delincuencia y dijo que esperan obtener mejores resultados a finales de este año.
Tenemos el problema de las extorsiones, secuestros, maras. ¿Siente que hemos retrocedido después de la reforma del Código Procesal Penal?
Es correcto, hubo retroceso y el aumento del delito y la violencia. En la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, de 2002 a 2005 dejamos un país con nivel muy bajo de inseguridad. Hubo reducción del robo de vehículos en 80%, el robo a bancos en 95%, los secuestros después de recibir en 2001 (la cifra de) 45, entregamos en 2005 tres secuestros, dos liberados y uno por el que se pagó rescate. Maras y pandillas se neutralizaron casi en su totalidad, lo que permitió dejar un país relativamente tranquilo.
Sobre lo del Código Procesal Penal, empezamos en febrero de 2002 con un nuevo Código, donde una persona es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Antes era culpable mientras no demostrara que era inocente y el Estado tenía hasta seis días para inquirir.
Ahora es al revés. Nos vendieron la idea de que ese Código era la solución de los problemas. Pero resulta que es para países ricos, porque se necesitan altos niveles de capacidad técnica y operativa y altos presupuestos para trabajar en las escenas del crimen, la persecución penal y toda la capacitación del personal de justicia. En nuestro país se instauró de un solo y no hubo preparación. Se capacitó a los jueces y fiscales y a la Policía la dejaron afuera. Con el nuevo Código se tienen 24 horas para inquirir a las personas hasta que se presentan a juicio. Entonces, cuando se ejecuta la captura, la patrulla deja de funcionar en la labor de prevención porque tiene que llevar al capturado al centro policial y todo eso genera gastos. Se deja sin protección a las vecindades y se sale de la rutina y del presupuesto.
¿Hay posibilidad política de revisar el Código Procesal Penal?
Claro que sí. De 2002 a 2005 pusimos nuestra voz de protesta y lo vamos a hacer de nuevo. Nada está escrito en piedra. Sólo hay tres artículos pétreos en la Constitución. Me parece que deberíamos detenernos y analizar qué delitos deben ser manejados de otra manera. Le entro a los delitos principales como los del crimen organizado que derivan del narcotráfico, secuestros e impuesto de guerra porque no lo cobra una sola persona. Cuando alguien es capturado, tiene que demostrar su inocencia. Lo que hace este sistema es permitirle al crimen organizado, que tiene tanto dinero, manipular el sistema infiltrando a los policías, la fiscalía y los jueces. Por otro lado, amenazando al sistema judicial para que no les dicte una sentencia condenatoria firme o un auto de prisión.
La Policía Nacional está poniendo los muertos, los fiscales vienen y acusan y terminan saliendo libres, empiezan los señalamientos. Al final del día lo que nos interesa es que no haya impunidad.
¿Ya empezó a socializarlo?
Lo hemos platicado con juristas y nos han dicho que se puede analizar. Quiero hablar con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y el de la Corte para que se tome la decisión. Se requiere voluntad política. Al final meten las manos organismos internacionales, organismos de Derechos Humanos... Yo estoy de acuerdo con que se tienen que mantener los derechos humanos en un país y que alguien debe velar por los derechos de todos, pero acá se buscan los derechos humanos de la minoría que son los imputados.
Me parece que allí hay una distorsión del concepto de derechos humanos.
Lo estoy trabajando y espero una respuesta; si no, acá seguirán con este tipo de situaciones. Queremos mandar un mensaje contundente y tenemos que movernos rápido. Quiero recalcar el mensaje del embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, “Honduras es un objetivo de los narcotraficantes para convertir el país en un centro de tráfico de drogas”, así lo dijo. Palabras textuales del embajador.
Si ése es el caso, tenemos que prepararnos. La violencia, los tipos de delito que tenemos, el sicariato, los secuestros y l robo de vehículos se derivan de la acción del narcotráfico.
¿La Policía se siente perseguida por Derechos Humanos?
Definitivamente. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y estoy causando en este momento posiblemente un conflicto porque lo estoy diciendo, pero sí lo siento. Porque al final del día, aquí hace o no hace la Policía y viene Derechos Humanos.
Por qué la Fiscalía de los Derechos Humanos no acusa a los dirigentes magisteriales que violentan uno de los derechos fundamentales de los niños, que es la educación. Cuál es la respuesta de la Fiscalía de los Derechos Humanos: que va a acusar al ministro de Educación porque no está negociando con los profesores cuando ellos (los maestros) son funcionarios públicos que trabajan para el Estado, no es que son civiles. Cuando les hablo y les digo por qué no acusan al que comete el delito, sino a la autoridad, dicen: ‘Porque los Humanos está diseñado para velar por los civiles y acusar a las autoridades cuando cometen un abuso’. Los policías son empleados públicos, y ¿qué son los profesores?
Allí veo que hay derechos para unos y para otros, no. Estoy de acuerdo con los derechos que buscan el beneficio de la comunidad.
¿Está politizado Derechos Humanos?
He visto una tendencia a sólo ver los casos de un sector. Los otros, no, y hay que atender los casos en que hay abusos de derechos humanos y no sólo de la Policía Nacional. Siento que no hay balance, no hay objetividad en la aplicación de los derechos humanos.
¿Ha mejorado la relación entre Fiscalía y Policía?
Ha mejorado, como el caso reciente de la captura de los secuestradores de Ana Ruth Bú. Es un claro ejemplo de trabajo en equipo. La Fiscalía acompañó y les aseguro que de ese caso saldrá una sentencia condenatoria.
Respecto al sicariato, se había adoptado la medida de que dos hombres no anduvieran en una moto y a diario siguen muriendo personas a causa de esta operación.
Me dio tristeza que los medios de comunicación no entendieron lo que quisimos hacer en ese momento. Los encabezados fueron: Retrocede ministro de Seguridad. Jamás retrocedimos.
Lo que sugerimos fue buscar la manera de tratar de detener a dos personas en una moto. No hay una ley que nos diga que bajemos la segunda persona. De cien mil conductores de motos, quizá el uno por ciento sean sicarios y el 99 es gente trabajadora. No podemos castigar a la población por usar transporte propio en vez de usar bus. Lo que estamos haciendo en los operativos policiales es que, cuando hay dos hombres, automáticamente se ordena la revisión.
La población pide un desarme general. ¿Ustedes lo ven conveniente?
La ley de portación legal de armas es una buena ley, si bien le permite cinco armas si usted las legaliza, también penaliza con nueve años de cárcel a quienes anden un arma de guerra. Por ejemplo: si le decomisamos a alguien una AK-47, lo presentamos a los fiscales, y el fiscal al juez. Después de cinco años no hay medidas sustitutivas porque es un delito mayor y miro que las personas salen libres. Tenemos buenas leyes, pero no son aplicadas.
Las armas no es que el Estado las controla; llegan en avionetas y por puntos ciegos. Desde que los capturemos y los dejen nueve años en la cárcel, la gente preferirá no andarlas.
¿Cómo están controlando la infiltración del crimen organizado en los operadores de justicia, en la misma Policía?
En 2005 dejamos una unidad de Asuntos Internos competente con unos 20 investigadores y ahora la encontramos en una casa, hasta sin servicios sanitarios. Nombramos a un comisario general, Santos Simeón Flores, cambiamos de casa y alquilamos un edificio de cinco pisos con todas las comodidades modernas. Hablamos con la embajada estadounidense que nos está apoyando. La Unión Europea nos dotará de equipos especiales y le estamos dando capacitación al personal.
Los miembros de esta unidad empezarán a pasar por pruebas de selección y el que no pasa no es que se le sacará de la Policía, pero no pertenecerá a Asuntos Internos. Muestra de ello es la gran cantidad de capturados, que ha sido una promesa nuestra. Creo que estamos con 85 policías acusados criminalmente. Ahora, con la Ley de Extinción de Dominio va a ser más fácil porque si una persona va a ganar un salario de 50,000 lempiras netos al mes y anda con un carro de tres millones de lempiras, tendrá que demostrar cómo lo adquirió. Los policías honestos saben quiénes andan a veces metidos en eso, pero el policía, así como sabe evitar un delito, sabe cómo esconderlo.
¿Cuáles son las características de las bandas de secuestradores?
Ya no tenemos secuestradores mexicanos, guatemaltecos... la mayoría son hondureños. Algunos son pandilleros que han estado en Estados Unidos y El Salvador. Hemos visto la voluntad del pandillero no sólo de meterse en el impuesto de guerra, asaltos y robo de muchachas, sino en secuestros, un poco burdos, pero secuestros.
De las otras bandas nos hemos dado cuenta de que son los remanentes de lo que logramos controlar, porque las cabecillas las metimos en la cárcel, pero quedaron quienes cuidaban, o los banderas. Ésos aprendieron y se desarrollaron. El Gobierno pasado tuvo que haber seguido controlando, pero no hubo política de seguridad, no hubo estrategia.
¿Cree que legalizando la droga se puede erradicar el problema?
No. Porque he visto casos en Europa, donde la han legalizado y están arrepentidos.
Últimamente se ha dado la introducción de armas en encomiendas, entre electrodomésticos. ¿Qué hay detrás de esto?
Hemos dialogado con ATF, Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, unidad de Estados Unidos que vela por el tráfico ilegal de armas. Es correcto; ha habido incluso consolidadores hondureños, que consolidan cargas y vienen hasta una docena de AK-47 nuevecitas a nuestro país. Lo que estamos viendo es un posible agotamiento de las armas ilegales en la región, algunas excluidas y enterradas. Estamos investigando adónde están llegando las armas.
Seis mil policías para ocho millones de habitantes
La mayor debilidad de la Policía Nacional es la falta de elementos para que hagan labor preventiva en las calles. La media debe ser un policía para 250 personas y en San Pedro Sula hay uno por 800 habitantes, pero esa deficiencia es en todo el país.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, reconoce esa debilidad y dice que el Estado debe invertir más en seguridad. “Necesitamos más del doble de lo que tenemos. No nos podemos quejar porque nos pusieron para cumplir una misión. Podemos pedir, pero no es decisión nuestra. Tenemos un presupuesto de tres mil millones de lempiras y el 85% es para sueldos y salarios, el resto tiene que cubrir mantenimiento de patrullas, combustible, papelería, operaciones especiales, análisis, informantes. Sacando cuentas, se necesitan unos 20 millones de lempiras mensuales para mover el país”, señaló.
El ministro detalló que hay 14,000 elementos de seguridad para diferentes funciones.
“Tenemos 7,500 policías para ocho millones y medio de habitantes. La Policía Preventiva tiene seis mil, pero no todos trabajan las 24 horas. Es de admirar lo que hace la Policía Nacional con los pocos recursos. Quizá a diario estén unos dos mil policías activos preventivos en las calles”.
Álvarez por eso recalca la importancia de la atención de los padres de familia sobre sus hijos.
“No somos vigilantes de los hogares. No podemos estar en cada casa o esquina. Nos debemos enfocar en ver qué está haciendo la sociedad como el eje principal del desarrollo humano. Me parece muy fácil decir ¿qué está haciendo la Policía? Pero qué está pasando: los maestros están en las calles y los niños admiran a sus maestros, pero si los ven en televisión tirando piedras y obstruyendo el paso en vías públicas, el joven piensa que puede actuar fuera de la ley”, señaló.
