Esta mañana fue enviado por la Policía Nacional hacia El Salvador, el supuesto pastor evangélico Daniel Alvarado, alias Dolphin, quien ingresó al territorio hondureño de forma ilegal y de quien se sospecha es integrante de la MS-13.
Sobre “Dolphin” recae una orden de captura por los delitos de acoso sexual, seducción de niños y adolescentes o personas con discapacidad, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, reveló una investigación que, sobre sus antecedentes, efectuaron las autoridades hondureñas.
Su captura se produjo como resultado de las saturaciones policiales en la aldea Mirasol, del municipio de Santa Rita, Copán, efectuados por miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y las diferentes direcciones de la Policía Nacional, asignados en esa zona.
El informe policial indica que el sujeto ingresó disfrazado como líder religioso y de manera irregular al país, por lo que las autoridades hondureñas fueron alertadas y concretaron su captura.
En los últimos días, las autoridades hondureñas han intensificado los operativos de vigilancia en las fronteras y “puntos ciegos” ante a posible llegada de pandilleros salvadoreños tras las duras medidas tomadas contra ellos por del gobierno de ese país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que más de 6,000 pandilleros fueron detenidos en nueve días de vigencia de un régimen de excepción decretado como respuesta a una ola de 87 homicidios entre el 25 y el 27 de marzo.
Con los 6,000 detenidos, más los 16,000 pandilleros que ya estaban encarcelados antes de la escalada homicida, el país tiene a “22,000” miembros de esos grupos delictivos en los presidios, dijo recientemente el mandatario salvadoreño.
El 27 de marzo, el Congreso de El Salvador, a pedido de Bukele, decretó el estado de excepción que regirá por un mes para frenar la violencia de las pandillas, otorgando poderes especiales a la Policía y al Ejército.
El miércoles, el Parlamento, controlado por el oficialismo, reformó el código penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, en medio de una serie de reformas legales.
El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales.
