La Paz, Honduras.
Selvin Alexander Vásquez (13) y Walter Porfirio Rodríguez Espinosa (14) acuden todos los viernes a firmar en el Palacio Judicial de La Paz, ya que un juez les decretó medidas cautelares porque los acusaron de la infracción penal de usurpación.
Los menores son descendientes de campesinos que invadieron terrenos privados en la aldea Las Crucitas y El Arrozal, municipio de Santa María, departamento de La Paz.
El grupo campesino denominado Juan Almendárez fue desalojado de las propiedades por elementos de la Policía Nacional el pasado 16 de julio. Ese día, los menores se encontraban en los terrenos porque habían viajado desde la colonia municipal de La Paz, donde residen, hasta los terrenos invadidos que quedan a más de una hora en autobús.
“Andábamos dejando comida y en eso llegaron los policías. Fue como una trampa que les tendieron porque les dijeron que los dueños de los terrenos querían negociar y arreglar con los del grupo, pero en eso llegaron los policías y comenzaron a golpear a los que ahí estábamos”, contó Selvin Alexander Vásquez.
El menor vive con su madre Rosalina Vásquez y sus dos tíos, Rufino García Vásquez y Petronilo García Vásquez, a quienes ese día fue a dejarles almuerzo.
Los tíos del menor permanecen recluidos en el presidio del municipio de Marcala, La Paz, bajo la medida de prisión preventiva, al igual que el resto de los campesinos. En total hay 16 procesados, a quienes les dictaron auto de formal procesamiento, ya que no lograron demostrar que tienen arraigo.
“Nos echaron gas, nos llevaron para la Policía. Pido que se haga justicia porque no tenemos por qué estar firmando en los juzgados; no hemos cometido ningún delito grave, no hemos matado a nadie. Lo veo injusto”, expresó el menor.
Selvin y Walter llevan seis viernes llegando a los juzgados a firmar.
Selvin cursa primer curso de ciclo común a través del programa Educatodos y asiste a las clases los fines de semana.
El niño trabaja en un terreno en el cual funcionará una bloquera. Con lo que le pagan ayuda a su madre con los gastos de la casa. Todos los viernes le dan permiso para que cumpla lo establecido por un juez.
“A mis tíos los veo como padres y les pido a las autoridades que los dejen libres”, pidió.
Walter Porfirio Rodríguez manifestó que no puede trabajar porque no le dan permiso para que acuda al Juzgado a firmar. “Es injusta la medida porque un menor de edad no puede estar viniendo a firmar. Pido que mi papá salga libre. Sufre él y sufrimos nosotros”, dijo.
Dailin Ruth Espinosa, madre de Walter, le hizo un llamado al presidente Juan Orlando Hernández para que apoyen a los campesinos. “Nuestros esposos están presos. Son la cabeza del hogar. Cómo quiere el Presidente que no haya delincuencia si no hay fuentes de empleo. Uno que vive de la agricultura tiene que tener su pedacito de tierra para enseñarles a los cipotes a trabajar. Así ellos no andan haciendo cosas indebidas en la calle”. Tengo ocho hijos, cinco varones y tres hembras, y ahorita que mi esposo está preso ando recogiendo botes de plástico y vendiendo gallinas para mantener a mis hijos”, contó.
Amparo de María Arriaga Guerra, titular del Juzgado de Letras Seccional de Marcala, La Paz, informó que los campesinos fueron acusados de usurpación y atentado.
La profesional del derecho expresó que a los labradores se les dictó el auto de formal procesamiento por el agravante de que amenazaron a los dueños de los terrenos y a los menores porque al presentarse una vez a los juzgados se garantiza el debido proceso. “En las reformas al Código de la Niñez se indica que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial motivada y deberán ser proporcionales y adecuadas las circunstancias en las que se encuentra el niño, estas serán aplicadas por los periodos más breves posibles y no excederán de seis meses, o sea que yo en seis meses tengo que tener terminado el juicio. Así de sencillo. Acá hay términos y hay que cumplirlos”, aseguró la jueza.
Selvin Alexander Vásquez (13) y Walter Porfirio Rodríguez Espinosa (14) acuden todos los viernes a firmar en el Palacio Judicial de La Paz, ya que un juez les decretó medidas cautelares porque los acusaron de la infracción penal de usurpación.
Los menores son descendientes de campesinos que invadieron terrenos privados en la aldea Las Crucitas y El Arrozal, municipio de Santa María, departamento de La Paz.
El grupo campesino denominado Juan Almendárez fue desalojado de las propiedades por elementos de la Policía Nacional el pasado 16 de julio. Ese día, los menores se encontraban en los terrenos porque habían viajado desde la colonia municipal de La Paz, donde residen, hasta los terrenos invadidos que quedan a más de una hora en autobús.
“Andábamos dejando comida y en eso llegaron los policías. Fue como una trampa que les tendieron porque les dijeron que los dueños de los terrenos querían negociar y arreglar con los del grupo, pero en eso llegaron los policías y comenzaron a golpear a los que ahí estábamos”, contó Selvin Alexander Vásquez.
El menor vive con su madre Rosalina Vásquez y sus dos tíos, Rufino García Vásquez y Petronilo García Vásquez, a quienes ese día fue a dejarles almuerzo.
 Los menores infractores llegan todos los viernes a firmar en el Juzgado de la Paz.
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“Nos echaron gas, nos llevaron para la Policía. Pido que se haga justicia porque no tenemos por qué estar firmando en los juzgados; no hemos cometido ningún delito grave, no hemos matado a nadie. Lo veo injusto”, expresó el menor.
Selvin y Walter llevan seis viernes llegando a los juzgados a firmar.
Selvin cursa primer curso de ciclo común a través del programa Educatodos y asiste a las clases los fines de semana.
El niño trabaja en un terreno en el cual funcionará una bloquera. Con lo que le pagan ayuda a su madre con los gastos de la casa. Todos los viernes le dan permiso para que cumpla lo establecido por un juez.
 En seis meses, los pequeños tendrán que tener una sentencia, según lo establece el Código de la Niñez.
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Walter Porfirio Rodríguez manifestó que no puede trabajar porque no le dan permiso para que acuda al Juzgado a firmar. “Es injusta la medida porque un menor de edad no puede estar viniendo a firmar. Pido que mi papá salga libre. Sufre él y sufrimos nosotros”, dijo.
Dailin Ruth Espinosa, madre de Walter, le hizo un llamado al presidente Juan Orlando Hernández para que apoyen a los campesinos. “Nuestros esposos están presos. Son la cabeza del hogar. Cómo quiere el Presidente que no haya delincuencia si no hay fuentes de empleo. Uno que vive de la agricultura tiene que tener su pedacito de tierra para enseñarles a los cipotes a trabajar. Así ellos no andan haciendo cosas indebidas en la calle”. Tengo ocho hijos, cinco varones y tres hembras, y ahorita que mi esposo está preso ando recogiendo botes de plástico y vendiendo gallinas para mantener a mis hijos”, contó.
Amparo de María Arriaga Guerra, titular del Juzgado de Letras Seccional de Marcala, La Paz, informó que los campesinos fueron acusados de usurpación y atentado.
La profesional del derecho expresó que a los labradores se les dictó el auto de formal procesamiento por el agravante de que amenazaron a los dueños de los terrenos y a los menores porque al presentarse una vez a los juzgados se garantiza el debido proceso. “En las reformas al Código de la Niñez se indica que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial motivada y deberán ser proporcionales y adecuadas las circunstancias en las que se encuentra el niño, estas serán aplicadas por los periodos más breves posibles y no excederán de seis meses, o sea que yo en seis meses tengo que tener terminado el juicio. Así de sencillo. Acá hay términos y hay que cumplirlos”, aseguró la jueza.
 Selvin, uno de los adolescentes, trabaja en una construcción para ayudar a su mamá con los gastos de la casa.
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