La fiscalía tiene identificada a la persona dueña de la hacienda incautada el jueves en Petoa, Santa Bárbara.
El ministario público presentó hace dos meses un requerimiento formal por el delito de lavado de activos contra el propietario del inmueble y dos personas más, estas dos últimos tienen orden de captura pendiente.
La coordinadora nacional de la Fiscalía, Marlene Banegas, informó que estas tres personas, quienes están siendo utilizados como testaferros, fueron requeridas porque según investigaciones están vinculadas con miembros del crimen organizado de México. “Se les ha encontrado una gran cantidad de bienes, entre ellos haciendas y ganado que fueron incautados el jueves”, dijo.
La acusadora pública explicó que a través del órgano jurisdiccional fue solicitado el aseguramiento de los bienes incautados, ya que la hacienda es de unas 200 manzanas de terreno y unas 300 cabezas de ganado. Ayer se hizo el conteo oficial del ganado, además del aseguramiento de otros bienes.
Banegas señaló que por averiguaciones, a raíz de la aprehensión en Colombia, del hondureño Miguel Ángel Villela, vinculado a la red del nicaragüense Franklin William Mcfield “Buda” ligado al tráfico de armas y droga, la construcción de la vivienda se paró. “Todos los hechos coinciden. Las personas que fueron contratadas para la construcción del inmueble se pararon porque ya no tenían fondos generados de la actividad del tráfico de drogas para continuar con la obra”, dijo Banegas.
La fiscal comentó que las investigaciones continúan, ya que están dando seguimiento a otras personas vinculadas con estas mismas actividades. Por ello en los próximos días estarán dando a conocer más allanamientos relacionados con el mismo caso.
“El caso está abierto en la judicatura. Todos los procedimientos que se han llevado acabo son con orden judicial, porque ya se tiene una investigación que data de mucho tiempo atrás”, señaló. Banegas informó que dieron con los bienes que pertenecen a Rodríguez Valle porque documentaron el patrimonio de éste. “Investigamos toda su situación económica y de todo su núcleo familiar.
En ese sentido van saliendo a la luz la propiedades que tiene el implicado. En la medida que los bienes tengan procedencia ilícita es obligatorio asegurarlos para efecto de garantizar su administración.”, dijo.
La abogada recalcó que el dueño de la hacienda es testaferro porque no puede justificar la existencia de todos los bienes que posee. “Tenemos claro que la adquisición de la hacienda es de reciente compra, por eso debemos establecer quiénes son los dueños anteriores, de qué forma la adquirieron, de qué forma fueron canceladas las cuotas para comprar la hacienda, ya que se debe establecer que definitivamente no tienen cómo justificar la procedencia de ese dinero”, refirió.
Banegas indicó que las tres personas a quienes se les presentó requerimiento son de nacionalidad hondureña, pero tienen nexos con el crimen organizado de México. “Hemos encontrado que las personas requeridas están vinculadas con personas y capitales mexicanos procedentes del tráfico de drogas. Las acciones delictivas son en gran escala, pues tienen conexiones con Colombia, Panamá, República Dominicana y Honduras”, comentó.
El Ministerio Público presentará la próxima semana requerimientos contra otras personas vinculadas a este mismo caso, puesto que la investigación está en proceso. “Para dar con el paradero de las tres personas que se les presentó requerimiento se llevó a cabo una investigación de siete meses. Debemos establecer quiénes son los verdaderos dueños de las propiedades incautadas, porque los identificados son sólo testaferros”, comentó.
La abogada indicó que a través de las averiguaciones determinarán si este caso tiene conexión con el guatemalteco Osmán Antonio Meza Umaña, 48, quien guarda prisión por el delito de lavado de activos.
Meza Umaña y el hondureño Roger Alonso Castro fueron capturados el pasado viernes 15 de octubre en una hacienda ubicada en la aldea Piñuelas, de Macuelizo, Santa Bárbara.
Al guatemalteco se le incautaron varios bienes, como vehículos y otras propiedades valorados en más de 200 millones de lempiras.
