El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), arrestó a dos exagentes bancarios acusados de suplantar la identidad de un cliente para robar más de 700 mil lempiras de sus ahorros.
Erick Arturo Sánchez Cruz y Alvin Said Zavala Martínez enfrentan cargos por los delitos de estafa agravada, suplantación de identidad agravada y asociación para delinquir.
Un tercer implicado, Jefry Alexander Silva García, fue detenido un día antes en relación con el caso.
El caso surgió tras la denuncia de un ganadero de la tercera edad, residente en Colón, quien detectó movimientos no autorizados en su cuenta bancaria.
Según el Ministerio Público, los retiros ascendieron a 705,932 lempiras y se realizaron mediante una cuenta de banca en línea creada de manera fraudulenta.
La investigación reveló que los acusados aprovecharon una solicitud legítima del afectado, realizada en noviembre de 2020, cuando este pidió una constancia de saldos promedios en el banco.
En ese momento, Alvin Said Zavala emitió el documento, mientras los otros implicados, confabulados, idearon un esquema para acceder a los fondos del cliente.
El fraude se materializó en febrero de 2021, cuando se creó un usuario de banca en línea sin el consentimiento del cliente.
Entre febrero y marzo de ese año, los acusados realizaron múltiples transacciones desde Tegucigalpa, lo que levantó sospechas entre los familiares del afectado. Fue la hija del denunciante quien descubrió las irregularidades y alertó a las autoridades.
Tras una investigación exhaustiva, la Fiscalía desentrañó el modus operandi de los exagentes bancarios. Los sospechosos se aprovecharon de la confianza del cliente, su falta de familiaridad con los servicios digitales y su avanzada edad para sustraer los fondos de manera sistemática.
El Ministerio Público destacó que este caso refuerza su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
“No se tolerará que personas o establecimientos comerciales abusen de la confianza de los hondureños”, señalaron representantes de la Fiscalía.
