Después de más de ocho horas que duró la audiencia inicial, el juez que conoce la causa, dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva a ocho agentes de la Policía Nacional.
Los ocho agentes policiales comparecieron a la audiencia en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, en la ciudad de San Pedro Sula.
Los encausados son: Wilson Josué Durón Valladares, Walter Alexander Muñoz Muñoz, Bayron Isidro Ramos Hernández, Carlos Noé Núñez Álvarez, Rodys Edgardo Hernández Casco, Denis Alfredo Estrada López, Joel Renán Zambrano. Banegas y Josiel Fernando Rueda Núñez; todos asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en San Pedro Sula.
El Ministerio Público acusa a estos policías de los delitos de los delitos de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada por, funcionario público, torturas, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de los derechos contra el patrimonio, la inviolabilidad domiciliaria, un testigo protegido, la administración púbica y la fe pública del Estado de Honduras.
Todos los imputados cumplirán el término legal de dos años de prisión en el centro penal de El Progreso, departamento de Yoro.
El hecho por el que se les acusa
De acuerdo con las diligencias ejecutadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el hecho por el que se les acusa ocurrió el 12 de enero del año 2024, en horas de la madrugada.
Los policías de investigación llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick up sin placas, hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, y de forma violenta rompieron el portón e ingresaron, dirigiéndose a la habitación del ofendido.
Detalla el expediente, que los agentes sometieron a la impotencia a su víctima y comenzaron a golpearlo. Posteriormente lo interrogaron, preguntándole dónde guardaba el dinero, las drogas, las armas de fuego y bienes de valor; el ofendido les expresó que no tenía nada de eso.
Durante se daban las agresiones, los policías desactivaron o boicotearon el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda, para que nada quedara registrado en video.
Horas después le exigieron el pago 350,000 lempiras para dejarlo en libertad, pero el testigo protegido les manifestó no tener esa cantidad de dinero. El denunciante confesó que uno de los detectives sacó de su chaleco unas bolsas y las introdujo a su mochila, para luego llevarlo a las instalaciones de la DPI, bajo amenazas de muerte.
Una vez en la sede policial, tras haberle implantado bolsas con cocaína y marihuana, y una ametralladora UZI, presentaron ante sus superiores un informe de investigación falso, haciéndolo pasar como miembro de una estructura criminal.
