En las últimas horas se dio a conocer sobre la resolución de una Corte de Apelaciones que revoca el sobreseimiento definitivo y ordena continuar con el proceso contra un policía activo y un exmiembro del cuerpo policial, quienes en un inicio fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres y supuestamente trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodearon el hecho.
Los acusados son el agente de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcangel Rosales Izcano, a quienes se les había favorecido en junio pasado declarándoseles nulas sus causas con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pero que ahora irán a audiencia de proposición de pruebas y luego a juicio por los delitos de inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos.
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Este caso está relacionado con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas, De acuerdo con la investigación, ambos funcionarios fabricaron pruebas, siendo una de ellas la declaración de un supuesto testigo protegido y otra era una grabación que fue adulterada.
Luego del crimen de Cáceres el 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil estaba vinculado al robo, sin embargo la investigación realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) descartó ese extremo, cuando el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación Jaguar en la cual se efectuaron las primeras capturas, entre ellos la del gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (Desa), compañía a la cual se enfrentó Cáceres en defensa del río Gualcarque, donde se pretendía construir una represa.
La investigación de Atic fue sustentada a través de prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas a la arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional.
Hasta la fecha se reporta la condena de ocho personas implicadas en el asesinato de la ambientalista, la última fue contra el presidente ejecutivo de Desa, Roberto David Castillo Mejía, considerado autor intelectual del crimen.
