Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público solicitó ayer la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al comisionado (r) Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, de la Policía Nacional, quien está prófugo de la justicia desde el 8 octubre de 2018, y a su núcleo familiar.
La petición hecha a un juez de privación corresponde a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por supuestos nexos del alto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su exmujer Dennise Yamileth Morales.
La petición la hizo al Poder Judicial la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
Al momento de fugarse, Mejía era el responsable de la Unidad de Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad.
El Ministerio Público tiene acusado a Mejía Tinoco de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita.
Millonario.
La acusación contra el exjefe policial de Choluteca Mejía Tinoco indica, de acuerdo con las investigaciones y análisis de ingresos realizados al jefe policial, que su patrimonio de más de 17 millones de lempiras no es congruente con el sueldo mensual devengado entre 2012 a 2017, que era de 55,395.21 lempiras.
Dentro de este requerimiento fiscal interpuesto figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados de asociación ilícita y cohecho.
Pagos. Según la investigación dirigida y practicada por agentes de la Atic, entre los años 2012–2015, policías asignados en Choluteca presuntamente solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún inconveniente, constituyendo tales actos como sobornos.
Estos cobros se intensificaron supuestamente cuando el comisionado investigado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca, y según la investigación, los pagos se hacían en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos, Pavana, El Triunfo, Namasigüe.
Supuestamente se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación.
