El proyecto de una nueva modalidad de transporte urbano para San Pedro Sula debe pasar por la aprobación de la nueva Ley de Transporte, cuyo borrador quedó engavetado en el Gobierno anterior.
El único obstáculo para iniciar el proyecto de la nueva flota de buses urbanos es la aprobación en tercero y último debate de la Ley de Transporte.
“En su artículo 37 concede a cualquier empresa de transporte un plazo de 20 años en la ejecución de un contrato de operación de rutas urbanas o interurbanas”, explicó Nelson Fernández, presidente del consorcio que agrupa a 40 empresas urbanas de San Pedro Sula que se unen para hacer realidad el sistema de buses rápidos.
Que la ley entre en vigencia es el único requisito que hace falta cumplir para que el Banco de Desarrollo de Brasil desembolse el préstamo de 200 millones de dólares a 10 años plazo, con dos años de gracia y al 7% de interés.
Fernández informó además que el alcalde sampedrano Armando Calidonio conoce y apoya el proyecto. El nuevo ministro de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi), Roberto Ordóñez, también conoce el proyecto.
Los empresarios afirman que varios diputados por Cortés conocerán el proyecto, y se les pedirá su apoyo cuando se discuta en la cámara legislativa.
El proyecto consiste en una moderna flota de buses para dar mejor servicio. Estaría conformada por 600 unidades con tecnología avanzada que sustituirá la actual flota, integrada por 1,500 unidades.
Las unidades de 240 pasajeros cubrirán las rutas dentro del casco urbano de San Pedro Sula, desde los peajes y de los tres bulevares (norte, sur y este). Las unidades de 35 pasajeros los llevarán a los barrios y colonias, donde viven, por el mismo pasaje; se pagará con tarjetas prepago, no con efectivo. Los estudiantes tendrán un descuento especial. El proyecto -también conocido como Metrosula- creará 7,500 plazas con una administración que garantice el trato solidario y humanitario para los usuarios.
Los conductores deberán tener un mínimo de 25 años y solo ellos estarán dentro de cada unidad.
Más apoyo
Los transportistas que conforman Inversiones, Transportes y Servicios Especiales (Intrase) solicitan a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que interponga sus buenos oficios ante el Gobierno para que el proyecto de decreto sea enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, y una vez discutido y aprobado en su tercer y último debate se pueda ejecutar.
“El banco brasileño ni siquiera pide el aval del Gobierno hondureño para financiar la obra, simplemente exigen la garantía jurídica contemplada en el artículo 37 de la nueva Ley de Transporte, que asegura el contrato de operación de la empresa por 20 años”, dijo Fernández.
Según Medardo Gonzales, “el ministro Ordóñez en una reunión donde estuvo presente Alberto Chedrani se comprometió a discutir el proyecto de decreto de la nueva ley con el presidente Juan Orlando Hernández”
Los inversionistas afirman que otra de las ventajas de esta inversión es que aseguran un mínimo de 30 millones anuales en concepto de impuesto para la Municipalidad sampedrana, y 30 millones al año para el tesoro nacional, por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.