Los pobladores de Cofradía madrugaron a tomarse la carretera en protesta por la derogación del decreto 334-2013 que reformó el 46-90 referente a la protección de El Merendón.
Por varias horas los patronatos detuvieron el tráfico a la altura de Casa Quemada. Quemando llantas y portando pancartas los pobladores sostienen que son esa derogación quedan de nuevo como asentamientos irregulares y ellos lucharon para ser regularizados cuando se modificó el 46-90.
Julio Cesar Velásquez dirigente patronal de la comunidad de San Jorge dijo que entre las colonias afectadas, al volver a reubicar la demarcación con los mojones, están sector Las Brisas, Lempira, El Zapotal, Armenta, San Jorge, Casa Quemada, La Flecha, La Victoria, Lempira 3, El Córbano y El Retiro.
En estas comunidades hay más de 300 mil familias que según Velásquez tendrán problemas con la tenencia de la tierra porque ellos viven ahí desde antes del 46-90 pero con esos límites les impedían hacer mejoras y hasta buscar préstamos porque sus propiedades estaban como asentamientos ilegales.
Cuando se hizo la reforma con el 334-2013 la situación cambió para ellos pero con la derogación que acaba de hacer el Congreso Nacional vuelven a lo mismo explicó el dirigente patronal.
”Hasta la carretera de Occidente está en problemas. Nosotros protegemos El Merendón y queremos cuidarlo. A nosotros no nos gusta hacer estas tomas pero nos obligan” dijo.
El dirigente patronal explicó que los diputados derogaron el decreto y ni siquiera socializaron con ellos que son los afectados. “Se trata de sampedranos que quedamos en problemas hoy esperamos la mediación del alcalde y que los diputados hagan algo. En estos momentos ya este decreto está en manos de la presidenta y esperemos que piense en nosotros” dijo.
“No es una situación en manos de la municipalidad pero retrocedemos en todo y lo más preocupante es la tenencia de la tierra, que ya se había resuelto. No podremos construir absolutamente nada y vivimos ahí desde antes del decreto 46-90, luego entendieron el problema y a raíz de eso fue la reforma. Si se hiciera una revisión vieran que todo está en orden y protegemos la montaña”, dijo.
“Vamos a defender los intereses de la comunidad y hacemos el llamado a las autoridades municipales para ver que están haciendo por nosotros, pues resultaremos seriamente afectados”, dijo Velásquez.
Igual que los patronatos los inversionistas en San Pedro Sula alertan que con esa derogación hay más de 20 proyectos paralizados en la ciudad y la municipalidad está expuesta a demandas por permisos de construcción no otorgados.
