San Pedro Sula, Honduras
Los empresarios sampedranos analizan interponer recursos judiciales contra la ley que grava el 1.5% de las ventas brutas.
Los afiliados de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, participaron ayer de una charla legal con la abogada y asesora de esa organización, Maribel Espinoza, a fin de despejar sus dudas sobre cómo proceder en caso de sentirse afectados.
El artículo 22-A de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas determina que las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras pagarán el 1.5% sobre los ingresos brutos.
El pago de dicho impuesto se debe cancelar al 30 de junio, las autoridades fiscales ya están girando los avisos para el mismo.
Preocupación
Muchos de los contribuyentes expresan que esta disposición les afecta en la economía de sus negocios porque las ventas brutas no determinan la utilidad del mismo.
Espinoza les recomendó cancelar el pago correspondiente a 2013 y que los afectados que realmente han tenido pérdidas puedan documentarlo con auditorías externas a fin que puedan hacer el reclamo judicial.
Espinoza dijo que se debe establecer si el impuesto es confiscatorio o si lesiona el derecho de la propiedad u otros derechos fundamentales que la constitución garantiza.
“Es una situación que se debe examinar por cada caso. Son dudas de procedimiento en cuanto a cuáles son los recursos que deben interponerse para tener la tutela judicial efectiva”, señaló.
Mario Fajardo, contador y ex director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos en la zona norte, explicó que de acuerdo a ese artículo todas las empresas con ganancias de 10 millones de lempiras anuales deben pagar el 1.5 sobre sus ventas brutas aunque hayan tenido pérdidas.
“Los afectados pueden hacer una solicitud a la DEI para que el contribuyente compruebe que no llega al 1.5% y que los estados financieros sean auditados externamente”, recomendó.
María Antonia Rivera, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio, dijo que este artículo golpea tanto al sector de la pequeña, mediana y gran empresa que los puede llevar hasta la quiebra y han demandado al Poder Legislativo una revisión.
“Se debe hacer un análisis exhaustivo del impacto que va a generar, por ejemplo el sector de huevo vende volumen, pero la utilidad es mínima y así como está la ley le está diciendo que pague sobre las ventas brutas no sobre la utilidad”, señaló Rivera.
La Cámara de Comercio de Cortés anteriormente ya ha solicitado una reforma a esa disposición.
