San Pedro Sula, Honduras
Un grupo de abogados sampedranos puso una denuncia ante el Ministerio Público por falsificación de documentos, prevaricato y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La queja es contra los funcionarios judiciales y municipales que intervinieron en el proceso judicial del deslinde y amojonamiento del terreno donado por el Congreso Nacional para construir el mercado.
Los abogados Maribel Espinoza, Ramón Zúniga, José Roberto Palomo, José Rolando Arriaga, Gustavo Martínez, Alexander Mira, Tania Mejía y otros llegaron en calidad de ciudadanos sampedranos.
El motivo de la acusación es por el procedimiento en el juicio de deslinde y amojonamiento promovido ante el Juzgado de Letras de lo Civil con el cual se adjudicó a particulares el terreno destinado a atender las necesidades de los vendedores ambulantes en esta ciudad, contiguo a la Central de Buses de San Pedro Sula. Los abogados aclararon que la acción debió ser promovida por la alcaldía desde 2011, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna.
El alcalde Armando Calidonio recibió el mes anterior una orden judicial para asignar clave catastral a favor de José Narciso Triminio Valladares sobre el predio en el bulevar del sur donado por el Congreso Nacional a la Municipalidad para construir el mercado. Los apoderados legales de la alcaldía informaron que se interpuso un recurso de amparo, pero, según los denunciantes, esto no procede.
Distracción
“Han distraído este tema tan importante y eso solo ha permitido que la contraparte vaya ante el Juzgado de lo Contencioso a exigir que se adjudique una clave catastral a esos inmuebles”.
La abogada Espinoza dice que la Municipalidad posee una escritura pública del predio que la acredita como titular, pero otras personas tienen una derivada del deslinde y amojonamiento que se refiere a la misma localización del inmueble municipal.
“Ha habido negligencia de la alcaldía porque si la sentencia de deslinde es de 2011, no entendemos por qué no han actuado como corresponde interponiendo las acciones judiciales ni han denunciado dicho acto ante el Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades a los funcionarios públicos que intervinieron en dicho proceso como corresponde”, explicó.
Espinoza dice que el Estado debe defender su derecho en juicio “como lo hacemos los particulares, pero lo más grave aquí es que, si el Estado es despojado incorrectamente de un terreno mediante fraude procesal, imagínese cómo estamos los ciudadanos en completa inseguridad sobre nuestros bienes”.
Espinoza dijo que el predio aún puede recuperarse promoviendo las acciones civiles e investigar por la vía penal la comisión de los delitos en esos actos porque se trata de un fraude procesal; sin embargo, lamentó que muchas veces se pierden los juicios por la falta de adecuada representación legal.
El abogado Ramón Zúniga explicó que la denuncia conlleva la comisión de varios delitos en perjuicio de la ciudadanía de este municipio “que no está representada hoy por la Municipalidad, llamada a defender los verdaderos intereses de esta comuna”.
Negligencia
El abogado dijo que la Municipalidad con actitudes disuasivas está permitiendo que se sigan cometiendo delitos que conllevan la pérdida de inmuebles que son propiedad de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Zúniga dijo que los profesionales del derecho que han analizado el caso del predio han concluido con la evidencia de los autos que se cometieron tropelías inexplicables de carácter judicial, particularmente procesal, porque un funcionario público cuando tiene en sus manos las evidencias de irregularidades lo primero que debe hacer es investigar el fondo de lo que ha sucedido.
“En este caso se tiene la certeza de que se omitió esa conducta correcta y se continuó conociendo en perjuicio de los intereses municipales”.
El especialista en leyes reveló que, de acuerdo con el expediente, un funcionario del tribunal le informó por escrito a la encargada de la judicatura quiénes eran los vecinos y colindantes del predio, ya que en este proceso de deslinde y amojonamiento es necesario identificarlos, pero no se tomaron ni siquiera la molestia de llamarlos.
“Además se dictó una sentencia ampliando una situación instada por la apoderada de los peticionarios, estableciendo que las pruebas presentadas eran insuficientes y este es un juicio particular donde se debieron proponer y evacuar pruebas en una sola audiencia y el escrito es después de la audiencia, por lo que el encargado del tribunal debió paralizar el trámite y empezar a investigar lo que el funcionario del tribunal le informó”.
Al referirse a la conducta del Juzgado Contencioso Administrativo, dijo que esta persona afrontó una sentencia dictada por otro tribunal con carácter de firme y aparentemente esa sentencia tiene todos los vicios de ilegalidad.
Detalló que se estableció una trama de punta a punta para hacer incurrir a otros funcionarios en actitudes que concluyen en perjuicio de los intereses de este municipio. “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que ha hecho es darle cumplimiento a otra sentencia definitiva y no puede evadir una ejecución de la misma. El papel de defender le corresponde a la alcaldía a la que ofrecimos nuestra colaboración gratuita, pero se llamaron al silencio”.
