Paredes agrietadas y sucias, ventanas con pedazos de cristales, pisos desprendidos, olores tóxicos y cuerpos tirados en el suelo son parte de la realidad en que opera desde hace varios años la morgue judicial de San Pedro Sula, que, según las autoridades y empleados, ha colapsado.
El doctor Héctor Hernández, coordinador de Medicina Forense, y otros especialistas, presentaron ayer un informe que desnuda las carencias con que se ve obligado a trabajar todo el personal, poniendo en riesgo la vida.
“En julio del año pasado, el edificio de la morgue se quemó y se destruyó el techo y parte de la construcción. A partir de esa fecha se hizo una evaluación técnica de las instalaciones y se concluyó que el inmueble debería ser abandonado porque estaba en malas condiciones.
Las autoridades en ese tiempo no hicieron nada. Con las lluvias, el agua comenzó a filtrase y a caer en las oficinas de abajo, donde está el personal administrativo. El sábado pasado, la directora nacional de Medicina Forense -Julissa Villanueva- vino con unos expertos de Chile, Ecuador, Perú y Costa Rica, quienes recomendaron clausurar inmediatamente el edificio”, afirmó Hernández.
LA PRENSA dejó al descubierto el pasado 26 de julio que la morgue opera sin licencia ambiental desde hace 13 años, lo que significa que no sigue lineamientos para evitar una contaminación.
Informe
“San Pedro Sula es la ciudad de Honduras con el más alto índice criminal y de muertes violentas y por eso se requiere atención especial y diferente”, señala el informe.
El documento dice que los laboratorios de criminalística y la sala de autopsia no cumplen los estándares internacionales de infraestructura y bioseguridad que requieren los establecimientos forenses.
Aseguran que no existe un adecuado sistema de ventilación para evitar la acumulación de formalina en el aire. En cuanto al personal que allí labora solo se le dan las mínimas medidas de seguridad para protección personal y el cuarto frío está lleno de cadáveres y con frecuencia se avería, entre otras deficiencias.
“En el cuarto frío se mantienen 100 cuerpos y por la acumulación de estos se tienen que estar enterrando 40 de los que no son identificados ni reclamados”, contó Hernández.
A la morgue llegan víctimas mortales de Ocotepeque, Santa Rosa y La Entrada, Copán, Santa Bárbara, Lempira, y todo el Valle de Sula.
Otra deficiencia es la falta de personal, pues solo tienen 20 médicos forenses y necesitan 50, más los ayudantes. Cada uno debe hacer más de cuatro autopsias diarias.
Los expertos nacionales e internacionales concluyeron que se debe cerrar de inmediato y totalmente el edificio forense para su pronta demolición.
“Estamos haciendo contactos internacionales para conseguir morgues de emergencia, que van a funcionar en el patio de la actual infraestructura en la colonia Villas del Sol, pues vienen selladas y cuentan con todo para hacer las autopsias y su propio tratamiento de agua. Necesitamos al menos cuatro de ellas por la gran demanda en la ciudad”.
El forense calificó la situación como “un desastre, una tragedia para el pueblo sampedrano. Pero la culpa es de todas las autoridades por no hacer nada para evitar eso y de la gente por no protestar”. Contó que, impulsados por esos señalamientos, comenzaron a buscar otro lugar para trasladar al personal de oficina y laboratorio, que son cerca de 60.
“En el inmueble que nos destinó la Oficina Administradora de Bienes Incautados en la colonia Juan Lindo solo se trasladará el personal administrativo y de laboratorio. Las autopsias se seguirán haciendo en el edificio de la colonia Villa del Sol.
Aquí no se manejarán residuos ni partes de cuerpo; sin embargo, ya tenemos los permisos, ya que esos papeles se mandaron cuando se implementó el laboratorio de Tegucigalpa. Se mandaron las solicitudes de licencia”.
Las autoridades de la morgue le solicitaron a la Corporación Municipal que les done un terreno para construir un nuevo edificio en La Puerta, dijo una empleada de Medicina Forense, lo cual se iba a discutir en la última reunión, pero no se hizo. El costo del nuevo inmueble ronda los cinco millones de dólares, aseguran las autoridades.
