SAN PEDRO SULA

La Zede Próspera, que construye NeWay Capital LLC en Roatán, tratará a los hondureños como extranjeros al exigir una residencia por la cual deberán pagar $260 y $1,3000 los de otras nacionalidades al año y tendrán que someterse a los fallos que dictarán jueces extranjeros.

En un artículo publicado el mes anterior en la revista Journal of Special Jurisdictions, Jorge Colindres, abogado defensor de Próspera, explicó que “las tarifas de gobierno electrónico de las personas físicas que deben pagarse al celebrar un contrato de residencia física oscilan entre $260 para los ciudadanos hondureños y $1,300 anuales para los no hondureños (...)”.

Las personas naturales y jurídicas, hondureñas y extranjeras, deben solicitar la residencia (física o electrónica) por medio de https://portal.eprospera.hn. En este sitio, el usuario, cuando realiza esa gestión, accede y paga “los servicios de gobernanza electrónica” y automáticamente se somete, en caso de una disputa con Próspera, a las determinaciones de un centro de arbitraje.

3 claves de la ley Según. Carlos Pineda, secretario técnico, la derogación de la ley traerá consecuencias.
población en las zede.
1- población en las zede.“La ley preveé la posibilidad de que sea derogada, pero establece dos condiciones: cuando hay población dentro de la zede, que se haga un plebiscito. En este momento no hay población en ninguna de las tres zede. Ese requisito es prescindible por la razón de no haber habitantes”.
2- Período de espera.“Sin embargo, la ley dice que es necesario un período de espera de 10 años. Y la razón de ese período es porque las zede han hecho inversión. Las tres zede llevan ya $50 millones invertidos con la expectativa de generar un retorno porque no lo hace cualquier persona”.
3- Consecuencias. La derogación de la ley, según Pineda, traerá consecuencias para el Estado de Honduras. “Las inversiones de Estados Unidos y la Unión Europea están respaldadas. Tenemos tratados prexistentes que protegen las inversiones contra lo que sería una expropiación indirecta”, dijo.
Carlos Pineda Pinel, secretario técnico de las zede, explicó que para que un hondureño o un extranjero obtenga una residencia debe “pasar por un proceso de investigación, pues precisamente por ser un consorcio de Estados Unidos (el inversionista) debe cumplir con toda la normativa internacional de lavado de activos y antiterrorismo”.

Con el documento, “un hondureño puede tener una casa de playa allí o puede tener su residencia y operar desde allí. Eventualmete será una comunidad muy bonita y con buenos servicios”, dijo Pineda Pinel, uno de los creadores de la ley orgánica de las zede. Agregó que Próspera ofrece residencias electrónicas, como las que otorga Estonia a empresas internacionales para que realicen sus negocios desde esa jurisdicción.

Pero desde el punto de vista de Paula Bonilla, abogada de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, la venta de residencias deja claro que Próspera se está erigiendo como un nuevo Estado dentro del Estado hondureño, aunque el Gobierno diga lo contrario.

Art. 303 de la Constitución
La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes (...)
“Al iniciar esta lucha, ese fue y ha sido el dolor más grande que sentimos: sentirnos extranjeros en nuestro propia tierra. Es una bofetada para los hondureños. Es vergonzoso haber llegado a este extremo. Próspera cree que está por encima del Estado de derecho y sobre los pueblos con los cuales colinda. Ellos están abrazando este poder para atropellar. El pueblo hondureño debe levantarse”, dijo Bonilla.

Bonilla espera que el Gobierno escuche a diferentes sectores e instituciones, como el Consejo de Educación Superior (CES), empresarios, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), municipalidades, Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Colegio de Biólogos de Honduras (CBH), Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh), ONU y otras decenas de organizaciones para que el Congreso Nacional derogue esta semana la Ley Orgánica de las Zede.

“Esperamos que el Congreso derogue la Ley de las Zede, lesiva para los hondureños, contra el soberano que tiene a los diputados en la posición donde están. Han fallado ante el pueblo hondureño al aprobar una ley que favorece a un grupo de personas que están utilizando mal el poder conferido por el soberano Congreso Nacional”, expresó.

Próspera ofrece residencias electrónicas, como las que otorga Estonia

Carlos Pineda Pinel, secretario técnico de las zede.
A juicio de académicos y abogados, Próspera está violando el derecho constitucional de libre circulación al exigir residencias para vivir en una parte del territorio que es inherente del Estado de Honduras.

“Esto no sucede en ningún país de América Latina. Que un hondureño sea extranjero en su propio país es muy indignante. La Constitución nos da el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional y a establecer el domicilio donde uno quiera. Próspera restringe la libre circulación en el territorio nacional y nos hace un trato diferenciado. Dice que nos dará residencia cuando nosotros los hondureños debemos darle la residencia por ser una empresa extranjera. Es lesivo a la soberanía”, dijo Ramón Enrique Barrios, catedrático de la Unah y exjuez de sentencia de San Pedro Sula.

Mientras esas organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para derogar la ley, Próspera no para su proyecto. A los residentes les indica que una vez que vivan allí tendrán que pagarle al gobierno corporativo la vivienda y todos los servicios esenciales, incluida la justicia, que ofrecerá mediante empresas privadas registradas fuera del país, como Próspera Arbitration Center LLC.

Próspera Arbitration Center LLC (PAC) es una sociedad de responsabilidad limitada de Texas que, mediante su equipo de jueces, ventilará las disputas luego de que “la parte iniciadora” descargue un acuerdo de servicios del sitio web https://pac.hn y lo devuelva a firmado a legal@pac.hn, junto con una breve declaración de la naturaleza del caso.

Este centro de arbitraje está integrado por los jueces extranjeros Susanna Dokupil, Mark Higgins, Martin Klapper, Pablo Palma e Ilya Shapiro. Como árbitros superiores tiene a John Gemmill, John Pelander y Kenneth Mangum.

Cuenta con una “división de apelaciones” con el árbitro superior John Pelander y los árbitros Pablo Palma (para asuntos comerciales), John Gemmill (agravios), Martin Klapper (boral), Ilya Shapiro (desalojo), Kenneth Mangnum (sanción civil cuasi criminal) y Mark Higgins (actividad peligrosa). En la estructura figura solo un hondureño, Ricardo González, como “oficial de arbitraje.

Al exigir residencia, próspera viola el derecho de libre circulación

Ramón Enrique Barrios, abogado y exjuez de sentencia
En contraste con lo que ocurre en Honduras, adonde los ciudadanos buscan la justicia de manera gratuita en las diferentes instancias del sistema judicial o en la Secretaria del Trabajo cuando se trata de problemas laborales, en Próspera tendrán que pagar.

Los servicios de arbitraje, de acuerdo con el baremo que muestra PAC en su sitio web, son impagables por un ciudadano que no vivirán allí. Las “tarifas en el tribunal de primera instancia o en otro tribunal no apelativo” varían según la cuantía en disputa. Por ejemplo, “si el demandante que presenta una reclamación de iniciación, una reconvención o una reclamación de un tercero no alega ya sea a) daños y perjuicios monetarios por una cantidad liquidada como reparación completa o b) incluye una demanda de resolución completa y definitiva en efectivo (...) deberán incluir una tarifa administrativa de $1,000.00 más una tarifa por hora por los servicios arbitrales prestados, facturados mensualmente, en función de la antigüedad del árbitro que preside (...)”.

El exjuez Barrios considera que esto es “una de las consecuencias jurídicas del reconocimiento de parte de la Corte Suprema de Justicia de crear jurisdicciones especiales”. “Ha quebrado la unidad jurisdiccional del Estado de Honduras (así lo establece el artículo 303 de la Constitución) al renunciar a esa potestad constitucional. Es indignante e inconstitucional. En Próspera van a aplicar un derecho distinto a la tradición hondureña, latina, germánica, romana, que tenemos nosotros. En Próspera obligarán a las personas a someterse al arbitraje (privado y pagado) y al derecho anglosajón”, dijo.

Rechazo

El Consejo Consultivo integrado por los expresidentes del Cohep rechazó las zede.

“Hacemos un llamado a los inversionistas para que NO pongan en riesgo sus capitales mientras esta situación no se resuelva; además, Honduras cuenta con instrumentos para inversiones seguras dentro del marco de nuestras leyes y respetando nuestra Constitución que desde hace muchos años ya han creado un ambiente favorable para el desarrollo de sus proyectos”, dice el comunicado.