Ley de Alivio de Deuda liberará unos L65,000 millones

TEGUCIGALPA.

Los cálculos preliminares de los técnicos del Ministerio del Trabajo y otras dependencias del Estado de Honduras reflejaron que la aplicación de la Ley de Alivio de Deudas pondrá en circulación en la economía unos de 65,000 millones de lempiras.

La cifra fue revelada en el Congreso Nacional y refrendada ayer por el presidente Juan Orlando Hernández.

En ese sentido, la normativa no solo beneficiará a una masa de empleados altamente endeudados que oscila entre 900,000 y un millón de trabajadores, sino también a otras personas que podrán ofrecer bienes y servicios a empleados que tendrán mayor poder de compra al librarse del peso de sus deudas.

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Por ejemplo, si a un trabajador le quedaban libres de su sueldo dos mil lempiras mensuales y ahora esa suma sube a L4,500, después de las readecuaciones, entonces ahora tendrá 2,500 lempiras más para invertirlos en lo que desee.

En esa línea, esos 2,500 lempiras se irán moviendo en distintos puntos de la economía, para distintos fines, aumentando de esa manera el circulante.

Plataformas están listas

Consultas hechas por LA PRENSA en algunas instituciones bancarias y otros agentes del sistema financiero revelaron que estas entidades tienen listas sus plataformas para comenzar a procesar las solicitudes de readecuaciones, una vez que la ley entre en vigor.

Tras su aprobación en el Legislativo, el decreto fue turnado a una comisión de estilo integrada por los diputados Francisco Rivera, Johana Bermúdez, Juan Carlos Valenzuela, Marcos Paz y Raúl Bulnes.

Estos congresistas tienen como meta hacer los ajustes semánticos a la ley, para que a través de la secretaría del Legislativo esta se envíe al Poder Ejecutivo para su sanción de ley.
Una vez que la ley sea sancionada, la misma será enviada para su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Todo supone que la ley estará vigente a más tardar dentro de una semana, debido a que fue el propio Poder Ejecutivo que urgió al Congreso a que aprobara la ley.

Una vez publicada la normativa, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) elaborará el reglamento en un término no mayor a los 30 días. En el dictamen de la ley se estableció un plazo de 90 días, pero por la importancia del instrumento jurídico, el plazo fue disminuido por la prioridad que le ha dado el Ejecutivo a esta vía de alivio a los trabajadores.

Para efectos de readecuación, los interesados podrán hacer sus solicitudes en los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y hasta en organizaciones privadas de desarrollo que se dediquen al otorgamiento de créditos a pequeños empresarios.

Para los fines previstos en la presente ley, las instituciones financieras deberán definir los plazos y la tasa de interés anual a aplicar con base en sus políticas, productos de crédito y las condiciones de mercado.

Las estimaciones de los expertos indican que las tasas de interés anual no superarán el 14%, porque habrá una buena competencia.

Candado de la ley

La ley solo abarca a los empleados que reciben sus sueldo por planilla, porque la clave para incentivar al sistema financiero a aplicar las readecuaciones es que los empleadores hagan las deducciones por planilla con carácter obligatorio.

La población económica activa (PEA) de Honduras es actualmente de unos 3.9 millones de personas, mayores de 18 años, pero solo alrededor de 1.5 millones reciben salario por planilla.
De esos 1.5 millones de asalariados en el Gobierno y la empresa privada, según el Estado, casi un millón están endeudados.

En virtud de que la ley solo puede beneficiar hasta 1.5 millones de personas (asalariadas), dejando al margen al resto de hondureños que forman la PEA, varios diputados, entre ellos la pinuista Doris Gutiérrez, solicitaron que no se hicieran exclusiones de ningún tipo.

El ministro del Trabajo, Carlos Madero, explicó que para beneficiar a ese segmento que queda fuera por no recibir pago en planilla tendría que diseñarse una nueva ley en la que se incluya algún mecanismo para que el sistema financiero garantice la recuperación de sus créditos.

Institutos de previsión

La ley autoriza a los institutos de previsión social, al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFPC) y a las instituciones de seguros para que en el marco de lo que establece la ley puedan participar como inversionistas en un fideicomiso de inversión con el fin de colocar recursos para los fines del presente decreto.

El diputado Luis Redondo mocionó para que se eliminara ese artículo, pero el pleno desestimó la petición.

El presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, expresó después de aprobarse la ley de 27 artículos que con el decreto se le da un enorme respiro a la clase trabajadora para que disponga de más dinero y lo destine a otras necesidades.

Oliva resaltó que los beneficios de la ley también le crean una enorme responsabilidad a los trabajadores para que mantengan la disciplina en sus gastos.

El presidente del Legislativo auguró que la ley será un éxito porque esta tiene garantías y se ejecutará en un mercado de alta competencia, por lo que todos los agentes financieros autorizados querrán participar.

“Las tasas de interés del mercado van a bajar y creo que la más alta andará por un 13%”, pronosticó Oliva.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), Esteban Díaz, dijo que aunque el Gobierno y el Ejecutivo planteen esa ley como la panacea para los trabajadores, en el fondo lo que se buscan son otros propósitos.

“Es mentira que con esa ley los empleados van a poder recomponer todas su deudas”, precisó el dirigente obrero.

El secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores (Cuth), Joel Almendárez, expresó que hay que esperar cómo queda el reglamento de la ley, para estar seguro que no habrá condiciones que terminen afectado la economía de los trabajadores que por culpa del mismo sistema han llegado a la situación en que se encuentran.

El RAP está listo para iniciar la readecuación de deudas

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) reiteró ayer su disposición de participar en las readecuaciones de créditos antes y después de que la Ley de Alivio de Deuda entre en vigor.
“Nosotros estamos viendo qué mecanismos podemos implementar para ayudarles a nuestros afiliados a tener una consolidación de deudas que les ayude a generar mayores ingresos a su economía”, expresó a LA PRENSA el gerente de Pensiones y Cesantías del RAP, Rafael Madrid.

El funcionario explicó que ya tienen en funcionamiento varios productos financieros, los cuales pueden ser aprovechados por los afiliados, sin necesidad que entre en vigor la ley.
Uno es el denominado Rapifácil que es un préstamo que se otorga con base en el monto que tiene ahorrado el afiliado en el fondo de vivienda. “También tenemos un producto de consolidación de deudas que es hipotecario y que consiste en que el integrante del RAP pueda dar ese bien en garantía”, explicó Madrid.

Este tipo de crédito se puede otorgar hasta en un plazo de 30 años a una tasa de interés más baja que el resto del mercado.Vamos a analizar si podemos desarrollar algún producto específico para esta nueva ley, expresó Madrid.

El funcionario dijo que es muy importante que el Gobierno reconoció el alto endeudamiento de muchas personas, y haya creado un mecanismos para buscarle una salida a su situación.
El RAP presupuestó para este año un monto de 1,500 millones de lempiras para efectos de créditos, revelaron funcionarios de la institución.

Para el próximo año, el RAP está considerando un monto similar. Las tasas para los diferentes préstamos del RAP seguirán oscilando entre el 10 y 14.5%, señaló Madrid.