La revisión general de las unidades destinadas al transporte de personas llega en un momento crítico en el que la seguridad individual no solo es violada por asaltantes y delincuentes de toda laya, sino por el comportamiento de conductores, cuya conducta al volante está marcada por la competencia-rivalidad en marcha y no por la vida de los viajeros.
Como principio, la inspección de los documentos es más que necesaria, pues a las falsificaciones se suma la piñata en que tradicionalmente se convierten las oficinas del transporte. No hay estudios sobre demanda del servicio ni mucho menos control en la emisión de los permisos de explotación que, habitualmente, se acompañan con los colores del partido, las influencias o los pagos extras.
El plan inmediato está dirigido también a la revisión de la unidades, algunas con el riesgo de ir perdiendo partes en la ruta. El éxito en el recién concluido período de verano durante el cual no hubo percances graves en el transporte colectivo, debiera ser ejemplo de una labor permanente de la Dirección General de Transporte, para quien los viajeros debieran ser única prioridad, no los dueños de los vehículos ni las organizaciones de transporte.
Todo ello se puede elaborar al detalle en la oficina, sin embargo, el éxito o el fracaso está en las personas: en los funcionarios que cumplen y hacen cumplir las leyes y las regulaciones; en los propietarios de las unidades, cuyas exigencias colocan a los conductores y cobradores al límite y en estos por poner en peligro a los pasajeros para cumplir las exigencias del patrón y aumentar los ingresos propios.
En la documentación se hallarán irregularidades, ilegalidades cuyos autores se integrarán a la interminable galería de los desconocidos, pero con el empuje al comienzo de la nueva administración es posible se alivie la situación de los pasajeros, los de menor recurso económico.
