Cuando la población permanece indiferente, inmóvil, pasiva, apática, ante la problemática que afecta, directa o indirectamente, sus vidas, está otorgando luz verde, autorización y validez a cualquier acto ilegal y arbitrario por parte de quienes ejercen el poder, sea a nivel local y/o nacional.
El activismo popular requiere organización para ser tomado en cuenta por las autoridades: en la unidad en torno a consensos básicos radica la fuerza como grupo de presión.
La corrupción e impunidad, el deliberado debilitamiento de las instituciones, el abuso de poder, el no rendimiento de cuentas, los conflictos de interés, la carencia o insuficiencia de procedimientos y mecanismos institucionales del marco legal que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, el sesgo parcializado en la impartición de justicia, obligan a nuestros compatriotas y a los medios de comunicación independientes a ejercer, permanentemente, contralorías sociales en pro del buen gobierno y el bien colectivo.
El abstencionismo participativo significa ser tolerantes y cómplices con la arbitrariedad, el nepotismo, la violación de nuestros derechos humanos, la extrema pobreza y desigualdad, el saqueo por parte de redes criminales en alianza con narcotraficantes, tanto de nuestros impuestos como de los fondos otorgados por la cooperación internacional destinados a la salud, educación, nutrición, protección del medio ambiente.
Así, el enriquecimiento ilícito por las élites de poder conduce al acelerado empobrecimiento de las mayorías, deteriorando aún más la precaria calidad de vida en que subsisten dos terceras partes del total poblacional marginadas de un desarrollo humano equitativo con igualdad de oportunidades para todos.
Resulta, entonces, imperativa la denuncia, investigación, enjuiciamiento tanto de funcionarios como de sus aliados por parte del Ministerio Público, la Contraloría General, el Tribunal Superior de Cuentas, aparte de organizaciones de la sociedad civil organizada.
Se requiere fortalecer y no debilitar el Estado de derecho.El acceso a la información pública, el fortalecimiento de la institucionalidad, la voluntad y compromiso colectivo en defensa de la honestidad oficial y privada, la participación en organizaciones sociales comunitarias son algunas formas de incidir en las decisiones de orden público que son de interés común, fortaleciendo el sistema, la vida democrática, la construcción de ciudadanía.
