Históricamente, los sistemas carcelarios han tenido un claro fin punitivo. Los hombres y mujeres que han sido puestos en prisión se han destinado a esos lugares con el propósito de que su aislamiento evite que causen daño al resto de la colectividad y para que, de alguna manera, paguen por el ya causado. Sin embargo, y en la medida en que ha ido creciendo la conciencia de la dignidad del ser humano, de su valor; se le ha atribuido también un fin redentor, es decir, que, durante la estancia de una persona en una prisión, reflexione sobre las razones que lo han llevado a ese lugar, rectifique su conducta y pueda reincorporarse a la convivencia social armónicamente.
Sin embargo, para que ese segundo fin pueda darse, es indispensable que el ambiente carcelario lo haga posible y facilita la reflexión, y, por decirlo de alguna manera, humanice de vuelta al reo.
Desafortunadamente, en Honduras, y no solo en nuestro país, no encontramos todavía la fórmula en la que se mezclen esos efectos, punitivo y redentor. Permanecer tras las rejas no parece haber convencido a muchos de los ahora llamados “internos” de la conveniencia de una vuelta de tuerca a su estilo de vida y de la necesidad de enderezar su conducta. Se ha dicho, más bien, que nuestras cárceles son una suerte de “universidades del crimen”, en las que se refinan los procedimientos del mal y en las que, en lugar de mejorar, se empeora. Lo anterior tiene que ver con las condiciones de sobrepoblación de las instalaciones, la inexplicable introducción de todo tipo de armas y equipo electrónico a las mismas o la existencia de privilegios, voluntarios o por temor, para algunos de los reclusos. En más de una ocasión ha causado sorpresa la actividad comercial dentro de los reclusorios o de las comodidades y lujos de los que ciertos individuos han disfrutado estando presos.
Este, evidentemente, no es un problema nuevo. Los hechos sangrientos del pasado fin de semana en los recintos de “máxima seguridad”, no son más que un nuevo eslabón de una larga cadena. No se ha podido, o no se ha sinceramente querido, construir un sistema efectivo, suficientemente riguroso, que impida que, desde las cárceles, se continúe dando órdenes a la delincuencia que permanece en las calles, y, mucho menos, que, luego de purgar una pena, el hondureño que haya delinquido regrese a su familia y se reinserte en la sociedad con nuevas disposiciones.
El Gobierno parece que quiere tomar el toro por los cuernos. Falta ver si logra lidiarlo adecuadamente. Por el bien de todos, por el de los internos y por toda la ciudadanía.
