En efecto, para el análisis de las controversiales zonas de empleo y desarrollo económico hay que remontarse a once años atrás: 2013, siendo presidente Juan Orlando Hernández, quien desde su alta investidura promovió y promulgó, con la anuencia y respaldo tanto del Poder Legislativo como de la Corte Suprema de Justicia, tras previa remoción de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, la reforma a diversos artículos constitucionales, el 294, 303 y 329, más la emisión del decreto 120-2013, que culminaron con la creación de las zede, argumentando que con ellas se reducirían los niveles de pobreza, generando inversiones y fuentes de empleo.
La concepción original provino del economista Paul Romer, misma que fue deformada por burócratas nacionales al tanto de esa propuesta elucubrada por quien en su momento fue economista jefe del Banco Mundial y posteriormente galardonado con el Premio Nobel.
El actual Congreso Nacional, por unanimidad de votos, abolió lo acordado por legislatura anterior, pero, por razones no esclarecidas a la ciudadanía, sin ratificarlo en el siguiente período legislativo.
Tocó, entonces, al pleno de la Corte Suprema de Justicia emitir, el 20 de septiembre de 2024, por unanimidad, declaratoria de inconstitucionalidad de las zede, votando ocho magistrados a favor de la nulidad desde su origen y siete a partir del fallo. Diversas consecuencias jurídicas y económicas han surgido a partir de esa fecha, con opiniones por parte de juristas relativas a lo actuado y sus repercusiones.
El magistrado Mario Díaz aclara que se ha restablecido el orden previo a la reforma constitucional, violatoria de artículos pétreos constitucionales, aclarando que no habrá confiscaciones y que los inversionistas pueden recurrir a nuestra legislación interna. Juan Carlos Barrientos, profesional del derecho, sostiene que la declaratoria de inconstitucionalidad acarreará “caos e inseguridad jurídica”. El presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, cuestionó a los anteriores plenos de la Corte Suprema de Justicia por no actuar conforme a la Carta Magna, actuando por influencias políticas.
Lo cierto es que hoy al menos diez empresas extranjeras que han invertido en las tres actuales, en Roatán, Choloma y San Marcos de Colón, preparan demandas ante diversas instancias de arbitraje internacional, aguardando que el fallo sea publicado para analizar sus alcances y activar sus respectivas demandas millonarias.
Se iniciará pronto una batalla legal de enorme trascendencia para el presente y futuro del país, con resultados inciertos que podrían ser desfavorables al interés nacional en el mediano plazo. Desde ahora debe prepararse la defensa jurídica de lo recién actuado, a efecto de neutralizar o cuando menos minimizar los impactos resultantes, procediendo con tacto, profesionalismo y planificación.
