Doña Herlinda Bobadilla se ha sumado a la lista de hondureños solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses para responder, ante los tribunales de ese país del norte, por acusaciones de tráfico de drogas. Además de evidenciar la fuerza de los tentáculos del narcotráfico en Honduras, estas extradiciones también muestran cómo nuestro sistema judicial no ha sido capaz de lidiar eficientemente con los carteles de la droga. Igual sucedió con la presencia de la Maccih y el posible advenimiento de la Cicih. Ante la incapacidad institucional de uno de los poderes del Estado, deben venir en nuestro auxilio sistemas judiciales foráneos o entidades conformadas por ciudadanos extranjeros para investigar y someter a la justicia a nuestros propios connacionales. Estamos, pues, ante un sistema de justicia tutelado.
Lo cierto es que la colaboración con los tribunales estadounidenses y el establecimiento de mecanismos como la Maccih, o la posible Cicih, ha sido una necesidad. Pero una necesidad nacida del inmovilismo de los entes promotores y administradores de justicia del país. Por lo mismo, estas soluciones no pueden ni deben ser consideradas como permanentes; son un recurso que debe ser temporal, transitorio, solo mientras se dan las condiciones para que nuestro sistema judicial sea capaz de actuar con autonomía y con eficacia.
Un paso importantísimo para acabar con esta justicia tutelada será la cercana elección de la nueva Corte Suprema. Pero ese paso contribuirá con la construcción de un nuevo sistema judicial ágil y confiable solo y si, de una vez, se termina con la nefasta repartición de magistraturas o dejan de imponerse magistrados afines a los intereses del partido en el poder. Porque esa práctica ha sumido en el desprestigio a la misma Corte y a todo lo que tiene que ver con la administración de justicia en el país. Si no se respeta la independencia de los jueces, si se les dan órdenes desde la casa de gobierno o desde otro de los Poderes del Estado, nada se habrá hecho, y lo que tendremos serán garantes o guardianes de los intereses de personas y de grupos, y no de los sagrados intereses de la nación.
Los hondureños esperamos que los responsables de la elección de la nueva Corte actúen con verdadero sentido patriótico, que no sigan directrices preconcebidas, ni busquen proteger intereses que no sean los de Honduras. La repartición de magistraturas por partido político es una aberración, y si eso sucede estaremos ante una nueva traición a la esperanza de la ciudadanía que está cansada de la conducta de los que han detentado o detentan el poder.
