Si en el primero, el gobierno tiene el monopolio de ejercer la violencia para restablecer la paz, orden y seguridad, no solo ciudadana, también a nivel de persona, la alimentaria, laboral, educativa, sanitaria, vecinal, ecológica, energética, garantizando bienestar con crecimiento sostenido y desarrollo humano equitativo, en función del bien común; en el segundo, sus funciones y servicios básicos se encuentran desagregados, incompletos, deficientes en su cobertura y calidad, encontrándose segmentada, favoreciendo a quienes están alineados con el partido oficial, con preferencia por los activistas del partido de gobierno en el poder, no existiendo una gestión que funcione con igualdad de oportunidades para todos y todas.
Se protegen los derechos de unos y permite a otros su violación, por su posición social, patrimonio, ideología, grupo político, sin restituir los derechos violados, permitiendo que personas o grupos, con la excusa de restablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre los presuntos violadores, no existe un Estado de derecho.
La justicia, dar a cada quien lo suyo, solo es posible en un Estado de derecho, donde nadie se toma la justicia por propia mano, ya que conduce al caos a medida se generaliza y tolera. Si por incapacidad un gobierno no restituye los derechos violados, como es el caso de la propiedad y libertad, no existe Estado de derecho, se da el sálvese quien pueda.
Se dan bolsones territoriales en donde el Estado hondureño está ausente, por ejemplo en La Mosquitia, en donde el control de la vida cotidiana lo ejercen narcotraficantes y grupos delictivos locales. Las fronteras terrestres de Honduras tienen 370 puntos ciegos. El Estado no manda en ellos, al estar controlados por traficantes de drogas, mercancías, armas y migrantes que operan coludidos con las autoridades, políticos y funcionarios locales.
El gobierno no logra mantener el monopolio legítimo del poder, existiendo vacíos de gobernabilidad al no cumplir con los objetivos contemplados en la Constitución Política y leyes vigentes, sin existir un nivel básico de funciones estatales, entre ellas la seguridad física, el control migratorio (hacia dentro y hacia afuera), incapaz de realizar las actividades cotidianas en salud, educación, las hace a medias, estando politizadas por el partido en el poder.
La imagen del gobierno se deteriora aceleradamente, a nivel interno y externo. La percepción ciudadana es la de un Estado degradado en vías de transformarse en Estado fallido. Y la indiferencia ante el malestar y descontento colectivo es la respuesta oficial, permaneciendo impávido, de espaldas al creciente clamor popular, lo que ya causa un agravamiento de las condiciones sociales y económicas de la población.
