El asunto de la subvención o bono en el Congreso ha quedado dormido, ha cedido el paso y ahora son otros los problemas que acaparan la atención de los hondureños, pero no podemos olvidar. El jefe de Construcciones Escolares, ante la inmensidad de la mora en el desastre de los centros educativos, señaló la solución del problema con carga para todos como si el Gobierno Central a través de Educación tuviese la misión de no financiar. “Este tema necesita que toda la población se una, que todos los involucrados que tengan que ver sean coordinados por la Secretaría de Educación”.
No se le ocurrió ni siquiera aludir o hacer la mínima comparación a la administración de los abundantes recursos del presupuesto del Congreso Nacional con partida para jugosos sueldos, viáticos, representaciones y subvenciones que dijeron hacer desaparecer con la derogación de la ley que regulaba el Fondo Departamental. “Hecha la ley...” y precisamente los diputados son los progenitores del cuerpo jurídico en todos sus niveles, el máximo, la Constitución, las leyes y los reglamentos.
Ahora resulta que aquel fondo desaparecido volvió, con distinta denominación y vestuario, pero “aunque la mona se vista de seda...”. Mensualmente los diputados del agrado de la presidencia del legislativo reciben cien mil lempiras en concepto de subvenciones, supuestamente como antes, para atender las necesidades de las comunidades. Ninguno ha levantado la voz, ni ha justificado la entrega del dinero para reparar techos, entregar pupitres o arreglar la instalación eléctrica o los servicios sanitarios de escuelas.
Esa es tarea de otros. Alcaldías, no pocas de ellas presionadas por el Gobierno Central, instituciones privadas y empresas que son a quienes parece referirse el director de Construcciones Escolares. La explicación legalista y, desde luego, absurda es que las subvenciones salen del presupuesto de la Cámara cuyos recursos provienen de los impuestos de los ciudadanos, pues el organismo legislativo no genera riqueza, al contrario, la obstaculiza con leyes o con disturbios que afectan la imagen del país.
Para más de uno la unión de estos dos problemas no encaja en la administración de los recursos del Estado, pues cada uno va “con lo suyo”. Visto así suena a contradicción que llega hasta el vacío ante el desastre en la infraestructura escolar con necesidad urgente de 40 millones de lempiras para la reparación de escuelas. Multiplique los cien mil entregados mensualmente a diputados, cuya identidad y la rendición de cuentas se ocultan, y ya dispondría Educación de recursos. La reparación de escuelas “necesita que toda la población se una”, pero primero, que las subvenciones, bonos del Congreso, se dirijan exclusiva y directamente a beneficiar a los niños sin pasar por las manos de los diputados, donde se ejecutan malabarismos.
