Van pasando los meses y las víctimas del desastre financiero del Instituto Hondureño de Seguridad, IHSS, siguen en el limbo, pues no aprecian mejorías, léase, recuperación de sus derechos en los servicios que debe proporcionar la institución a los pacientes, con cuota al día, sus beneficiarios, jubilados y pensionados. La compleja situación exige pasos de equilibrista en la cuerda floja, sin embargo, ya es hora de que aparezcan indicios que animen a trabajadores y empresarios, con cuyas cuotas se mantiene la institución.
La filosofía de los interventores puede estar sustentada en dicho popular: “despacio que llevo prisa”, para hacer las cosas bien, pero el costo sigue aumentando en los pacientes, cuyos exámenes clínicos y patológicos han de realizar en laboratorios privados. La dotación de reactivos, alcohol o material no es siquiera objeto de licitación, pues los recursos para su compra bien salen de caja chica, claro si todo se hace correcta y éticamente, sin superprecio en facturas. ¿Quién se hará cargo del daño que se le está causando a los derechohabientes? Porque no se trata solamente de la institución, de la junta directiva, de la dirección, de los que casi ya no se habla, de los convenios colectivos, de personal supernumerario, en el área administrativa, sino de los trabajadores a quienes cada mes, religiosamente, se les deduce, sí o sí, la cuota mensual, lo mismo que a los empleadores. Hay un pago solidario de quienes no utilizan el Seguro en favor de quienes esporádica o habitualmente necesitan servicios médicos, hospitalarios, atención en incapacidad, maternidad y jubilación.
Las expectativas sobre el rescate no se agotan, pero es necesario estimular a los derechohabientes con el restablecimiento de algunos de los servicios, de manera que progresivamente disminuyan sus costos en el rescate del Seguro que no han sido tomados en cuenta ni por los autores del desastre ni por los interventores, cuya visión de largo plazo comienza a crear desconfianza en quienes siguen absorbiendo el mayor costo por la escasez de medicamentos, por la inanición en laboratorios, por falta de placas en rayos X, etc. El derechohabiente necesita alguna compensación a su sacrificio y los interventores mientras siguen su trabajo de rescate, reforma o como quieran calificarlo, debieran tener muy presente que mientras se dilapidaban los recursos, se debilitaba la institución, se reducían los servicios y se violaban los derechos de los afiliados, empleados y empleadores pagaban. Y si a todo esto sumamos la impunidad evidente, el costo para los derechohabientes se eleva a la enésima potencia con el agravante de que los meses de intervención no dan visos de mejoramiento en el sistema y así no amontonar recetas en casa; no dejar de comer para llevar las muestras “afuera”; recibir la pensión de maternidad antes de que nazca el siguiente hijo, etc. etc. Los sufridos afiliados tienen derecho a algún alivio... Llegará, pero ¿cuándo?
