La Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) data del año 1963. Entre reformas y disposiciones complementarias, suma más de cincuenta cambios.
La reglamentación de la ley también tiene mucha opacidad, resultando imposible para un contribuyente normal o un inversionista sin acceso especial tener acceso a la misma.
Muchos de estos cambios o disposiciones tienen contradicciones entre sí o vuelven ambigua la interpretación. Esto genera problemas a los contribuyentes, desgaste a la autoridad, litigios y desconfianza.
Por tanto, creemos que se debe reemitir esta ley, corrigiendo las diferencias de interpretación que se han dado a lo largo del tiempo.
Este proceso no debiese de ser un mecanismo para volverla más punitiva ni relajarla. La intención debe ser aclarar dudas y reducir el riesgo de arbitrariedad, mala aplicación u otros vicios ocultos.
Para asegurar que el proceso no dé un mal resultado que requiera más correcciones, se debe hacer de la forma más pública posible con vigilancia de los sectores.
Esto debe ir acompañado de una reglamentación única, que igualmente recoja las prácticas aceptadas legalmente.
El reglamento, aunque sea emitido por el Poder Ejecutivo, debe socializarse para asegurar que sea lo más claro posible. Al igual que con la redacción de la ley, la función de los sectores y el sector público es de asegurar que las reglas queden claras y tengan la aplicación más uniforme posible.
Los documentos de soporte que tienen los criterios de auditoria y que se van alimentando con las experiencias, deben también ser conocidos por el público.
Aunque la mayoría de las personas y empresas tengan la voluntad cumplir con la ley, al ser limitado el acceso a la información, queda mucho al criterio personal.
