Después de la reforma militar, lo más urgente es crear una nueva policía. Reformarla carece de sentido. Y en términos económicos es una estupidez intentar “poner vino nuevo en odres viejos”. El modelo actual en el que se vacían los recursos, es inútil, costoso y, además, peligroso. Los que no quieren ver las cosas, se engañan. Es la institución que más errores ha cometido, y su incompetencia es tal que nadie puede convencernos de que puede dar resultados positivos. Está tan amenazada por la corrupción que --es fuera de la clase política-- la que tiene más “miembros” suyos enjuiciados en Nueva York. Institucionalmente ha sido usada por la delincuencia que para usar al gobierno como medio para facilitar el tráfico de drogas. Es la menos capaz para darnos resultados del fenómeno de las maras y pandillas, y la que menos garantías ofrece para asegurar la vida pública y la seguridad ciudadana y los bienes de las personas. Todo esto, fruto de un modelo institucional centralizado --que fácilmente abandona sus objetivos-- porque coloca los fines personales de enriquecimiento fácil de sus miembros en menosprecio de los fines colectivos y la que más rápidamente se presta para la manipulación publicitaria, como observamos actualmente.
La Policía que tenemos es un híbrido entre el modelo de batallones militares y la Guardia Civil que crearon los liberales descalzos, desplazados por la reforma militar de 1954. Que, al desaparecer la Fusep --parte de las Fuerzas Armadas-- ha sido transformada por sus oficiales, en una entidad sin supervisión; que, incluso ha pasado por alto la obligación de darnos resultados a los ciudadanos. La Policía creada por Marco Aurelio Soto en el siglo XIX no tiene nada que ver con la organización que tenemos.
Una institución militar centralizada tiene justificación porque enfrenta un enemigo externo, pero no lo tiene en una policía llamada a frenar el delito de los ciudadanos que, por diversas razones, irrespetan la ley. La Policía en tiempos de Carías Andino era una policía local, bajo control de la ciudadanía. En cambio, la que se creó después de la Fusep fue autocontrolada por sus oficiales, que, bajo una jerarquía propia, fueron creando espacios para que cada una de las promociones entrara al banquete, comiera y se hiciera a un lado. Cada oficial policial, lo vemos en todos los niveles, tiene acceso a bienes negados al resto de los hondureños, indicando que es el premio de su libertad para negarnos la felicidad, mientras construyen la propia.
Esto no puede continuar. Para empezar, necesitamos una Policía Civil, dirigida por civiles, para servicio de los civiles, con los policías, subordinados, controlados y supervisados, de modo que no caigan en manos de la delincuencia política, criminal, de cuello blanco o cuello sucio. Para ello, deben tener carácter municipal, bajo la autoridad de la alcaldía que debe asumir la tarea de darle seguridad a la ciudadanía del municipio respectivo y para que responda a la naturaleza del problema, estableciendo las estrategias municipales porque cada división política del país tiene características especiales. Con una estructura departamental bajo el liderazgo del gobernador político, que estimule la coordinación departamental. A nivel nacional, lo que debe operar es una instancia policial de coordinación de políticas globales, pero sin derechos ejecutivos y menos de movilización de recursos humanos, como se hace ahora que, entre otras cosas, facilita el disimulo de delitos y ahora esconde conductas irregulares aprovechadas por el narcotráfico internacional. Y en la cima, un ministro civil, elegido por el gobernante; con una estadía en el cargo, determinado por los resultados y no por otra cosa. Esta es la ruta.
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