La decisión tomada por los que se comportan como dueños de Honduras y suponen que pueden hacer lo que quieran sin consultarnos, conspirando en contradefensa de los intereses nacionales al sacar al país de un mecanismo de mediación de conflictos avalado por el Banco Mundial, daña terriblemente los intereses hondureños. Lo han hecho de forma unilateral, sin que el Congreso haya debatido el asunto y sin valorar los efectos que la medida tendrá en el corto y largo plazo.
La operación del sistema de mediación, que estimula la posibilidad de un acuerdo amistoso, es en derecho internacional público, una muestra de buena fe. Es decir, se le dice a quienes pactan con Honduras que en caso de diferencias sobre lo pactado, previo a la demanda, iremos a la negociación para evitar el litigio. Ahora, al renunciar al Ciadi, estamos mostrando mala fe, ya que al resistirnos a negociar indicamos que no queremos cumplir lo pactado. De allí que lo que ha hecho Honduras es una señal de que los funcionarios gubernamentales manejan una actitud negativa contra cualquiera que quiera pactar con Honduras, por lo que los inversionistas deben entender que aquí no hay buenas intenciones con respecto a capitalistas y fondos de inversión que tengan interés de hacer negocios en Honduras. Es decir, el país deja la civilización y escoge la barbarie. Y entre la ley y las pistolas, tiene en la mano un revólver dispuesto a disparar a todos los que se le pongan enfrente. En otras palabras, el Gobierno se ha quitado la careta y, asumiendo el carácter del jefe pandillero, cierra las puertas a la globalización, a los mercados e incluso al futuro.
Hacia lo interno, esta decisión indica que hay en proceso un proyecto que anuncia males mayores. En momentos en que escasea el empleo, se reduce la inversión extranjera, crece la pobreza y muy pocos se atreven a continuar o iniciar nuevos negocios, la dinastía Zelaya en vez de construir el futuro, escoge el camino de la miseria. Y asume que los hondureños estarán dispuestos al mayor sacrificio, incluso morirse de hambre, porque no queremos a los inversionistas entre nosotros. Y todo ello, sin que los que pondrán el lomo digan lo que piensan y sienten. Tampoco los políticos, algunos de los que se rasgan el pecho diciendo que defienden al pueblo, han movido la boca. De repente saben los peligros que vienen de Nueva York, pero ignoran las amenazas por renunciar al Ciadi.
Lo grave es que el retiro, pese a su peligrosidad, no ha sido debatido en el Congreso. Y solo dos funcionarios menores lo han defendido. Los diputados ignoran el asunto y la comisión de finanzas no ha conocido el proyecto para dar las opiniones correspondientes. De modo que estamos ante una decisión autoritaria del Ejecutivo. Y como este carece de dirección y coherencia es posible que se trate de una decisión solitaria, infantil, del “propietario de Honduras”, Manuel Zelaya, o que alguno de sus sirvientes o un asesor venezolano le haya recomendado que hacerlo es bueno para fortalecer su aspiración de convertirse en el sucesor del “comandante” Chávez. Por los balbuceos de Torres y Cálix creemos que se ha estudiado poco este asunto, que, si no se corrige, puede hacerle creer a la comunidad internacional que estamos por iniciar un proceso de expropiación de empresas y capitales.
El Congreso debe interpelar a Xiomara Castro para que explique qué beneficios obtendrá Honduras con tal renuncia y cuáles son los peligros que tendremos que asumir los hondureños en el futuro. No es buen momento para seguir haciendo tonterías.
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