Desde que fue capturado Carlos Arnaldo Lobo el 28 de marzo del año 2014 en San Pedro Sula y fue extraditado hacia Estados Unidos el 8 de mayo de ese mismo año, siendo condenado a 20 años de cárcel, recluido en una de las prisiones de la Florida, señalado por el Departamento de Estados Unidos como operador en Centroamérica del Cártel de Sinaloa e incluido como narcotraficantes, la lista sigue y seguirá.
El miércoles pasado, 21 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Honduras recibió una nueva solicitud de extradición de otro hondureño solicitada por la Corte del Estado de Texas por parte de la Justicia de Estados Unidos de América por tráfico de drogas.
El pueblo hondureño esta con la incógnita de quién será.
Aunque en los primeros días de este mes de septiembre, la Corte Suprema de Justicia hondureña recibió la solicitud del Estado de New Hampshire de esa potencia mundial de la extradición de un hondureño acusado de fraudes cibernéticos.
Desde el 2014 con la reforma del artículo constitucional 102 que entró en vigencia esa ley que permite la extradición de hondureños que estén vinculados especialmente con el narcotráfico hacia la justicia “gringa”, son 33 las personas que han sido extraditadas, entre ellos el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado y un exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, pendientes de ser condenados.
Para ningún hondureño que sienta, piense y que mire claro la realidad sin prejuicios de colores políticos sabe que mientras en la justicia hondureña esas listas están en blanco, en la justicia estadounidenses están llenas de nombres de hombres y mujeres de los diferentes partidos políticos en especial de los tres poderes del Estado anteriores y muchos del presente Congreso Nacional de un país llamado Honduras.
