Cada cierto número de años, de acuerdo con la vigencia del nombramiento de los funcionarios que son electos en el seno del Congreso Nacional, se produce en la cámara, un verdadero espectáculo deprimente por la lucha, sin importar los medios utilizados, para apoderarse, cada grupo político del país, de la titularidad de esos cargos para utilizarlos como escudo en la protección por la corrupción y para no enfrentar requerimientos fiscales y juzgamientos por parte de los jueces y magistrados. En otras palabras, los políticos que se saben implicados en actos de corrupción y de violación de las leyes hacen lo imposible para elegir magistrados, fiscales, procuradores, miembros del Tribunal Superior de Cuentas, miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal electoral Nacional, para mencionar algunos funcionarios.
Para conseguir esos nombramientos, los grupos, sobre todo los que se sienten amenazados por la posibilidad de ser puestos en el banquillo de los acusados, hacen patrañas para obtener la elección de sus compinches que les aseguren la impunidad. Así fue electo, de manera fraudulenta, el fiscal general -Chinchilla- y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de JOH.
Circulan noticias de que Chinchilla ha abandonado el país y para evitar estas posibilidades, los funcionarios electos, una vez que terminan sus funciones, deben estar inhabilitados para salir del país durante un período necesario para determinar que no dejan cuentas pendientes con la ley durante su desempeño. Yo planteo que hay una forma de terminar con esos espectáculos que en nada contribuyen al buen nombre de Honduras, tanto en el interior como en el exterior. Tal como se ha acostumbrado, el Congreso debe nombrar una comisión de selección de candidatos probos y de tal manera que sea representativa de la mayoría del pueblo hondureño y de sus organizaciones sociales y gremiales trascendentales. Una vez elaborada la lista de los ciudadanos auto propuestos estos deben calificarse, estas calificaciones serán en audiencia públicas para que todo mundo conozca los métodos y las valoraciones que obtienen cada postulante de manera transparente. La elección no debe ocurrir en el seno del Congreso sino mediante una consulta popular con voto directo y secreto. De preferencia deben seleccionarse aspirantes que no tengan ninguna vinculación con los partidos políticos para evitar que sus acciones se parcialicen a favor de grupos o de personajes afines políticamente, como ocurre ahora. Las reglas que yo propongo se resumirían de la siguiente manera: los candidatos no tendrían campaña electoral, ni propaganda pagada por grupos o por el mismo postulante y solamente el Estado publicaría y divulgaría masivamente a través de los medios de comunicación estatales, los currículos, las propuestas de programa de acción y un resumen de la vida de cada uno de los postulantes. Podría incluso realizarse debates presididos por el Estado para discutir las propuestas de los aspirantes. El día de las elecciones, que deben separarse de las elecciones generales, los ciudadanos votarán por los candidatos que consideren cuentan con el mejor currículo y con las propuestas que satisfacen los anhelos del pueblo. Acudirán voluntariamente y el gobierno ofrecería transporte para quienes lo necesiten. Con un método como éste que nos ofrecería una selección más transparente, hasta podría, mas adelante, plantearse, por ejemplo, que los magistrados sean electos de por vida y que solo puedan ser sustituidos en caso de cometer faltas que deben tipificarse en la ley con un procedimiento expedito para tal fin. Existen, en la historia política de Honduras, antecedentes en que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran electos mediante el voto popular, generalmente el mismo día en que se escogía al presidente, a los diputados y a las corporaciones municipales. Una metodología, quizá mejor afinada, como la que presento, sería la solución idónea para que los hondureños tengamos la posibilidad de que los personajes que se encargan de administrar la justicia y de dirigir organismos estatales encargados de conducir asuntos de gran trascendencia en el país que, hoy en día, se escogen en el Congreso mediante triquiñuelas, actos de deshonestidad, sobornos y hasta amedrentamientos y amenazas.
El pueblo hondureño ha logrado la suficiente madurez política como para poder votar en la escogencia de estos importantes funcionarios, de tal manera que la escogencia sea para encausar al país por la senda del decoro, la justicia y el abandono de la impunidad, para siempre.
Queda aquí esta propuesta. Mucho me gustará escuchar las opiniones de los lectores y de los ciudadanos.
las columnas de LP
