La primera es la marginalización del uso, producto de restringir el acceso físico de las rutas, que va haciendo que quienes puedan paguen por otros métodos alternos de transporte.
Les doy de ejemplo esta ruta 1, la cual sería imposible hoy en día. El segmento San Felipe-Lomas desapareció, tal como la ruta en el interior de Loarque. Muchas zonas nuevas se fueron desarrollando, definiendo el acceso al transporte público como algo indeseable, que degradaba en lugar de mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Quienes no tienen otra opción terminan con un servicio muy parcial, ya que deben caminar mucho para llegar a sus trabajos —pueden ser kilómetros—.
La falta de profesionalismo de las empresas y operadores, la inseguridad producto (no hubo mecanismos de vigilancia), y la falta de sistemas de cobro modernos, afectaron el sostenimiento y expansión del sistema.
Por desgraciada, esto coincidió con la explosión de la delincuencia y el crimen. El sistema se volvió cada vez peor. Estos fenómenos se fueron alimentando de forma cíclica: menos cobertura geográfica=abandono de usuarios; menos inversión=más delincuencia-menos cobertura geográfica.
La planificación urbana pudo haber tomado en cuenta la necesidad del acceso por transporte público, sosteniendo las capacidades existentes, y exigiéndolas en nuevos desarrollos. Se debió considerar el problema de seguridad en los buses como prioritario y tomar las medidas necesarias (como eliminar los pagos en efectivo), exigir inversión y calidad al transportista (como operador en un sistema y no como negocio aislado), y asegurar que el servicio se volviese sostenible financieramente.
El tiempo avanza y la necesidad de resolver estos problemas se vuelve mayor. Un sistema de transporte público degradado afecta las condiciones de tránsito, la productividad y la seguridad general. Es un problema que nos afecta a todos.
