La decisión de EEUU de dar luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba amenaza con disuadir la inversión extranjera en el país caribeño y asestar un duro golpe a su cada vez más asfixiada economía.
Desde el próximo jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución de 1959 podrán demandar en tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas, en virtud del título III de la ley Helms-Burton de 1996.
En un movimiento sin precedentes, la administración de Donald Trump anunció el pasado 17 de abril la inminente activación de los títulos III y IV (este último impide la entrada a EEUU de los demandados por el anterior), que permanecían suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea y otros países cuyas compañías pudieran verse afectadas. Firmas españolas como Meliá e Iberostar y otras europeas, canadienses, japonesas, rusas o chinas operan -generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- hoteles y otros negocios ubicados en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro.
De multiplicarse las demandas en tribunales estadounidenses se podría generar una complicada espiral de litigios internacionales que perjudicarían a las empresas demandadas, especialmente si cuentan con algún tipo de activos en EEUU.
Este problema surge en un momento de especial fragilidad en la economía de la isla, donde comienzan a escasear alimentos básicos como la harina, el aceite o los huevos. EFE.
