12/04/2024
11:39 AM

Invasiones y complicidad de autoridades

Juan Ramón Martínez

Para acompañar a Toñita, nuestra hermana que perdió a su esposo Santos Fúnez, viajé con algunos de mis parientes a Olanchito. En varias conversaciones con amistades, durante el velatorio, tomé nota de las invasiones en Sabá y Tocoa. Allí, delincuentes han invadido fincas bananeras y palmeras ante la complacencia de las autoridades. Afectando a las primeras que han dañado de tal manera, que los cultivos quedaron reducidos a “plantillas”, es decir, que hay que esperar por lo menos nueve meses para cosechar y exportar. La palma es más fuerte. Y porque, en los dos casos, de lo que se trata es que los invasores aprovechen la producción comercializándola en complicidad con compradores y exportadores, mientras la autoridad en el caso del banano abría las puertas de los invasores; y, con los palmeros, los ven, desde la carretera, construir viviendas y vender la fruta ajena sin probar que son productores. Sin importar que se trata de delitos, en flagrancia, de modo que la autoridad no puede pactar con el infractor porque ello afecta el bien común.

Desafortunadamente, las autoridades se han acobardado. No obedecen la ley y menos defienden la convivencia armónica. Los daños a la economía –no de la zona porque todos participan al final en el delito– son muy elevados. La inversión es difícil que venga a Honduras, menos a las áreas donde el empleo es urgente. En Sabá y Tocoa, el problema no es mayor, sigue fluyendo el dinero; y los delincuentes saben que cuentan con el apoyo del gobierno, tan es así, que, aunque Tocoa es territorio de Libre, no se ve obra alguna, ni siquiera en la atención del peor tramo de carretera que atraviesa la ciudad.

El gobierno no hace nada para que se respete la ley. No quiere lanzar un mensaje “negativo” a sus votantes, aunque en realidad los está perdiendo; y es seguro que en 2026, Adán Fúnez tendrá que dedicarse a otras actividades. El Gobierno central ha organizado una comisión para manejar el asunto, sin resultados. Especialmente porque no ha aceptado la obligación imperativa de frenar la flagrancia del delito. Hasta este gobierno, no se había aceptado negociar sino cuando los delincuentes habían abandonado la comisión del delito. Ahora, no se quiere negociar, si antes los invasores no dan su consentimiento. Es decir que es una actividad pública en que la autoridad se une con la delincuencia para afectar la actividad de los particulares que invierten o trabajan en las propiedades invadidas. Dando, además, cuerda libre al comercio ilegal, por medio de la compraventa por parte de un ladrón y un comprador que se vuelven cómplices.

El INA escuda su inacción en formulismos legales. El Ministro de Seguridad deshonra sus obligaciones, vacilando entre la obediencia a sus compromisos con los líderes que lo han nombrado o cumpliendo con la ley. Prefiere la complicidad. Aunque todavía es joven, no le preocupa llevar a cuestas la vergüenza y el deshonor. Con el riesgo que, esta ilegalidad, haga que los empresarios invadidos terminen comprando parte de lo suyo porque prefieren ganar menos antes que sus competidores aprovechen comprando barato a los ladrones. Legalizando lo ilegal.

El gobierno se hace daño a sí mismo. En la medida en que pacta con delincuentes, hace creer a las pandillas que operan en otras poblaciones similares, que se animen, como parece ser el caso en Tocoa, para establecerse en una zona que había estado libre porque los narcotraficantes necesitaban la paz en una zona de tránsito que alejaba a la policía que por ello carecía de justificación para estar allí, en espacios en donde pueden operar los invasores.

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