En algún momento de nuestra historia reciente se le dio importancia al fortalecimiento de las empresas públicas del país. La experiencia internacional era en resumen positiva con el papel de estas instituciones apoyando la industrialización, las exportaciones y el desarrollo balanceado. Pese a que se sabía que nunca alcanzarían la productividad y eficiencia con que pueden funcionar las empresas privadas, las empresas públicas estaban allí, no para ser ejemplo de los más altos estándares de excelencia, pero sí para apoyar el desarrollo económico del país, para proveer de algunos servicios en mercados que por naturaleza no pueden ser competitivos. Pero esos tiempos pasaron y el discurso en los gobiernos y en los organismos internacionales cambió para poner a las empresas públicas en el centro de una ofensiva que en vez de ayudar agravó sus problemas.
Tras ese cambio, las empresas estatales dejaron de ser dirigidas por personal que creía y entendía el papel de las mismas. Llegaron los liquidadores. Aunque formalmente aparezcan como gerentes encargados, como todo ejecutivo, de sacar adelante las empresas, su misión es otra. Estos han llegado a las instituciones con la idea de que lo que van a dirigir no sirve para nada. Así se los dicen a la hora de ser nombrados, así lo creen y así actúan. Para cualquiera que conoce algo de estas cosas, sabrá que es muy difícil sacar adelante a una empresa si ni su máxima autoridad cree en ella y actúa contra ella.
El problema se vuelve más difícil porque en todo el ambiente político y empresarial, que toman las principales decisiones, se piensa igual. Y si se piensa así, se termina actuando en consonancia con esa idea. En economía se habla de incentivos perversos cuando se despierta en los que actúan con la empresa una actitud que va en línea con la abierta intención de los altos ejecutivos de liquidarla. No es de extrañar que dentro de ese contexto de terminar con todo, las intenciones por firmar contratos amañados y dañinos a la empresa, reventar las finanzas con personal innecesario y elevar las partidas de gastos innecesarios sean algo normal. Al fin y al cabo piensan los que andan cerca: pase lo que pase, la empresa va a ser vendida o concesionada!
Lamentablemente eso es lo que ha sucedido con emblemáticas empresas del sector público. En el IHSS esa idea le dio mucha fuerza a la corrupción. En la Enee y Hondutel igualmente desde hace años se sabe de las intenciones de desmembrarlas; eso activa la corrupción y el oportunismo, lo que causa su deterioro. Las empresas como el Ferrocarril Nacional y el Correo Nacional fueron prácticamente estranguladas para que no estorbaran.
Desde el mismo gobierno y los organismos internacionales se han enviado las señales equivocadas.
