Para garantizar que las entidades de Gobierno en los diferentes niveles nos den los frutos esperados, debemos estudiar sus resultados y ver cómo mejorarlos.
Para el caso de los gobiernos municipales, casi cuarenta años de gobierno autónomo y más de veinte de elecciones directas nos dan un extenso material para estudiar.
Lo más evidente es que no existe diferencia entre la organización política de un municipio de menos de 5,000 habitantes y la de una ciudad de 2,000,000. A excepción del aumento en el número de regidores (10) en municipalidades arriba de 80,000 habitantes, no existe consideración de escala.
Esto significa que una ciudad con una población equivalente a la total de Honduras en 1965 se puede gobernar como algo cuatrocientas veces más pequeño. Esto resulta en que cada vez se vuelva más difícil mantener un nivel de buen gobierno y eficiencia en los municipios más grandes. A medida que continúe aumentando la población y las exigencias del progreso, el problema se irá volviendo cada vez más complejo.
En nuestro sistema, el alcalde es jefe ejecutivo y cabeza de la corporación municipal. La corporación municipal tiene similitud con una junta directiva de empresa o una legislatura, donde cada miembro debe tener un mandato propio para hacerla funcional. La corporación se elige de forma supletoria (ya que la población está enfocada en el voto de alcalde) por planilla.
Por tanto, una cantidad sustancial de los miembros no tienen un mandato directo de los electores, sino una delegación personal. Esto resulta en una concentración total de poder en manos del alcalde, derivada de la mecánica electoral en sí. Se debilita la capacidad de crear una institucionalidad, concentrando toda la responsabilidad y el poder en sus manos.
