Se trata aparentemente de un fenómeno resistente a toda acción en su contra, ya que no son varios años, son quizá décadas en las que los Gobiernos han lanzado a los cuatro vientos la intención de combatir el derroche y la ineficiencia. Incluso en nombre del combate al gasto innecesario se han aprobado diversos programas económicos avalados por los organismos internacionales. Pero allí sigue el despilfarro de los recursos públicos. Esta vez son los asesores en el Congreso Nacional, que por docenas engullen dinero. Pero mañana la denuncia podrá ser de otra institución de cualquier poder del Estado. Seguramente que casos para denunciar sobran.
Al final se trata de algo profundamente injusto, ya que en diversas ocasiones y precisamente debido a los efectos de ese despilfarro se le ha pedido a la ciudadanía en general enormes sacrificios. Todos podemos recordar más de algún funcionario o líder empresarial anunciando que finalmente llegó el momento del sacrificio para todos en aras de la salud financiera del país. Sin embargo, al final resulta que el sacrificio se produce pero generalmente afectando a los sectores con los ingresos más bajos.
El problema es que los Gobiernos no han asumido el combate al despilfarro de una manera sincera y permanente. Al final el cálculo partidario y de poder es el que predomina. Todos aquellos discursos en contra de la ineficiencia sucumben fácilmente después de varios meses de las elecciones ante un aparato político presionando y exigiendo su buena cuota.
Y en este pernicioso esquema para la salud del país no solamente están los políticos en el poder; están también los que negocian su voto desde la oposición y los que desde los negocios exigen también su cuota.
Para combatir el despilfarro no bastan leyes mucho menos los discursos vacíos. Deben existir las instancias fuertes y autónomas que controlen. Deben existir los hondureños decentes que conscientes de su tarea desde las instancias indicadas sometan a un escrutinio verdadero la actividad pública.
